Si no hubiera sido por la denuncia de la prensa, el avión que acompañó a la presidenta de Costa Rica en sus últimas dos giras hubiera aterrizado en Cali la semana pasada
Para el diputado de la izquierda costarricense, José María Villalta, el descubrimiento de que un avión perteneciente a una empresa vinculada a capitales mafiosos, de origen colombiano, había sido utilizado por la presidenta Laura Chinchilla, “ya no es un error ni descuido, sino una amenaza clara de infiltración del crimen organizado al más alto nivel en las esferas del gobierno”.
Por su parte, para la diputada del Partido Acción Ciudadana, Carmen Muñoz, el hecho denunciado es “ridículo”. Con el incidente “se expone la imagen del país con una ingenuidad increíble”.
Las opiniones de estos dos parlamentarios, de corrientes de opinión diversas, expresan el sentimiento de desconcierto, incredulidad y sospecha ante la circunstancia de que un avión, perteneciente a una empresa probablemente vinculada a capitales de oscura procedencia, de propiedad de un colombiano al que se imputan vínculos con carteles del narcotráfico, haya sido utilizado en repetidas ocasiones por la primera mandataria de ese país para sus desplazamientos en actividades oficiales hacia el exterior.
Como lo denunciaron varios medios de prensa la semana pasada, para sendos viajes de la presidenta Laura Chinchilla a Venezuela y Perú, la gobernante utilizó un avión de propiedad de la petrolera THX Energy, que no tiene operaciones en Costa Rica, de propiedad del empresario colombiano Gabriel Ricardo Morales Fallón, a quien se le investiga por presuntos nexos con el narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias “Chupeta”, y por otras actividades ilícitas, como lavado de activos.
La mandataria, una vez estalló el escándalo, dijo que la situación obedeció a una “grave cadena de errores” en la que falló la comunicación entre los servicios de inteligencia y el despacho presidencial, de lo que se desprende que la gobernante fue “víctima de un engaño”.
Para la opinión pública costarricense, la situación no es tan sencilla y hay cosas que no se le han dicho al país. El argumento central es que, como se dice en Colombia, el hecho sucedió a espaldas del palacio presidencial. Sin embargo, el fiscal general, Jorge Echavarría, admitió que existe un voluminoso expediente sobre Morales Fallón, de quien las autoridades colombianas reportaron 127 viajes migratorios desde Colombia y otros países, a Costa Rica.
La presencia de Morales Fallón en el país centroamericano fue reportada desde 2011 por las autoridades colombianas y de hecho este personaje logró que se le cerraran varias investigaciones por presuntos nexos con el narcotráfico. Así el empresario colombiano haya logrado evadir hasta ahora la acción de la Justicia, no es justificable tan sospechoso nivel de “colaboración” suya con el despacho presidencial, ni el hecho de que a la mandataria de ese país no se le haya hecho extraño el ofrecimiento gratuito de un avión cada vez que lo necesitara, sin ninguna contraprestación.
