Tras dos meses de protestas, comunidades firmaron un acuerdo con el gobierno. La movilización seguirá para garantizar el cumplimiento de los compromisos
Agencia Prensa Rural
El 5 de septiembre pasado se firmó un acuerdo entre el gobierno nacional y las comunidades del Putumayo, movilizadas desde hace dos meses por la difícil situación que afrontan.
Organizaciones sociales del departamento se congregaron desde julio pasado en torno a cuatro problemáticas: los cultivos de uso ilícito, los impactos ambientales generados por empresas petroleras, la situación de derechos humanos y la inversión social.
Comunidades campesinas, indígenas y urbanas han adelantado acciones de protesta en varios puntos del departamento para exigir la negociación de su pliego de peticiones, de siete puntos.
La delegación gubernamental que negoció con las comunidades del Putumayo estuvo encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien se reunió en el municipio de Puerto Asís con la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, donde confluyen diferentes procesos campesinos y populares.
Cultivos ilícitos
La “suspensión inmediata de la fumigación con glifosato y la erradicación manual forzada” es la primera exigencia de las comunidades putumayenses.
Frente a esta situación, el acuerdo contempla facilitar “la construcción de un plan de sustitución manual y voluntaria de los cultivos de hoja de coca, concertada entre el gobierno y las familias campesinas”.
Actualmente se adelanta una nueva oleada de fumigaciones químicas, las cuales históricamente han afectado no sólo los cultivos de uso ilícito sino cultivos de alimentos, fuentes de agua y selva virgen.
En otros procesos de negociación entre el campesinado y el gobierno, se ha acordado ya la suspensión de las fumigaciones y la erradicación manual forzada a cambio de planes de sustitución.
Medio ambiente
Recientemente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales avaló al consorcio Colombia Energy intensificar la extracción de petróleo en el Putumayo.
Dicha empresa pretende construir cien nuevos pozos, lo que acarrearía graves impactos ambientales en la región, en particular en el corredor Puerto Vega-Teteyé.
Ante esta situación, el gobierno se comprometió a “revisar las solicitudes en trámite de licencia ambiental para la exploración y explotación de hidrocarburos, así como a evaluar las ya otorgadas”.
También evaluará los procedimientos de las consultas previas con las comunidades indígenas.
“Aunque es importante avanzar en el desarrollo de hidrocarburos de un departamento rico en esa materia, eso no se puede hacer a costa del medio ambiente”, dijo el ministro Cristo sobre la situación.
Los manifestantes también se quejan “del tratamiento que está haciendo al medio ambiente la empresa petrolera Vetra, por lo cual exigen que le suspendan la licencia ambiental”, declaró por su parte Jimmy Díaz Burbano, gobernador departamental.
Colombia se acerca a la producción de un millón de barriles de crudo diarios, según reportes del Ministerio de Minas, aunque buena parte de ella es liderada por multinacionales privadas con grandes impactos sociales y ambientales.
Derechos humanos
Las comunidades han exigido “parar de manera inmediata el señalamiento, la estigmatización y las judicializaciones a los miembros de procesos organizativos de la región”.
También solicitaron la revisión de los procesos judiciales de las personas que han sido encarceladas con motivo de la protesta.
En el acuerdo con las autoridades, se estipula que será enviada al departamento “una comisión de alto nivel para revisar las garantías de derechos humanos de las comunidades del corredor Puerto Vega-Teteyé, al igual que la situación de los dirigentes de la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales”.
Desde el inicio del paro, se han registrado con frecuencia atropellos de la fuerza pública contra los manifestantes.
Inversión social
En cuanto a los reclamos de inversión social, el gobierno se comprometió a “revisar los acuerdos firmados con las comunidades del Putumayo desde 1996, con el fin de incluir lo que no se haya cumplido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018”.
Así mismo, se evaluarán las necesidades de inversión social del departamento para incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo, previa concertación con las autoridades territoriales, la Mesa Departamental y la sociedad civil.
Dicho proceso se realizará en una lógica de “planeación participativa”, de acuerdo con la ley orgánica para construir el plan de desarrollo. “Para ese fin, se facilitará un equipo técnico y el apoyo logístico pertinente”, aclara el acuerdo.
Implementación
Para cumplir los puntos anteriores, se acordó instalar en máximo dos semanas (es decir, hacia el 19 de septiembre) una mesa regional permanente de diálogo y concertación, con la participación de altos funcionarios del estado central para asegurar que los compromisos “se asuman desde el más alto nivel”.
En concreto, se estipuló la participación de ministros y directores de departamentos administrativos pertinentes.
Cristo resaltó que el diálogo “continuará en Bogotá con los líderes del movimiento, con el fin de instalar esa mesa con los principales ministros, antes de 15 días”.
Por su parte, líderes de las comunidades se encuentran en la capital con el fin de sensibilizar a los diferentes sectores sociales sobre la situación que afronta el departamento, a la vez que esperan la concreción de los acuerdos con las autoridades.
