Audiencia de salud
En diciembre de 2015 el Ministerio de Salud, en cabeza de la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud Riesgos Laborales y Pensiones, convocó a las EPS con el fin de verificar el diligenciamiento de las Resoluciones 744 de 2012 y 1683 de 2015. Dichas resoluciones versan sobre prestación de los servicios del Plan Obligatorio de Salud.
Ante las deficiencias acumuladas, la cartera de Salud decidió oficiar al Defensor del Pueblo, la Superintendencia de Salud y a la Corte Constitucional para que investigaran la razón por la cual las EPS, no entregaban eficientemente los servicios de salud solicitados por los usuarios. Dijo el Ministerio en su momento que se debía tener claridad de cuáles son las fallas que en el cumplimiento del servicio llevaron a las EPS a incurrir en la no autorización de la prestación de servicios POS “ya sea por asuntos de pertinencia, asuntos administrativos o simplemente por deficiencias en el cumplimiento de sus responsabilidades”.
En diciembre de 2015 se solicitó a las entidades explicaran cuáles eran los motivos para dejar de atender los reportes de los servicios POS solicitados correspondientes a los periodos mayo de 2012 a septiembre de 2015. Dicha información le serviría a los entes de control para verificar la existencia del incumplimiento y las sanciones que por ello asumirían las EPS.
La Corte Constitucional, después de escuchar a los representantes de las EPS, mediante auto de fecha 4 de abril, fijando el 30 de abril de 2016 como fecha límite para la creación del nuevo registro de negaciones y el control de las irregularidades. El Ministerio llamó a las EPS, agrupadas en Acemi, Asocajas y Gestrsalud, para comunicar la metodología de la audiencia pública televisada en donde tendrían las EPS que responder por la falencia del servicio y por desacatar las órdenes constitucionales de generar un sistema de atención más eficiente.
En la audiencia pública el pasado 29 de abril se escuchó a los pacientes quienes plantearon todo tipo de quejas, además se sumaron a las deficiencias en áreas de atención a pacientes de alto riesgo, atención de especialistas, entrega de medicamentos y autorizaciones de procedimientos. Los compromisos suscritos por las 38 EPS convocadas no parece ser la solución de fondo del sistema y menos sinceras las disculpas presentadas por la falla en el servicio que ha costado, en un número significativo de casos, la muerte a los pacientes. La deuda que tienen estas EPS con los hospitales públicos acumula el suficiente capital para dejar en liquidación la mitad de la red hospitaliza en Colombia.
Solamente en Bogotá la deuda de las EPS con los hospitales del distrito llegó por el orden de 850 mil millones de pesos. En el caso de la ciudad no solo la falla en el servicio es la preocupación de los pacientes. La apertura a la privatización con la implementación del modelo de salud del gobierno de Enrique Peñalosa, podría dejar a los hospitales sin el manejo del presupuesto destinado a los hospitales públicos. La estrategia en salud de la capital abre la puerta para que EPS como Cafesalud o SaludCoop reciban esos presupuestos para sanear sus finanzas y dejar ilíquidos los únicos hospitales que a nivel nacional tienen saneamiento fiscal al día afectando los servicios de salud que hoy entregan a los ciudadanos.
La crisis es del tamaño de las ganancias que acumulan las EPS por recobros al sistema de salud, Fosyga y por la no autorización de procedimientos médicos que finalmente terminan cobrándose. Todo un cartel de recobros que no parece tener sanción por parte de las autoridades.
