El constante riesgo y la responsabilidad de sus labores no son recompensadas con unas condiciones dignas de contratación. La Unidad Nacional de Protección quiere descargar su responsabilidad en las operadoras privadas
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Cuando la Unidad Nacional de Protección (UNP) está cerca de adjudicar, a través de licitación, un contrato por 119 mil millones de pesos para prestar seguridad con 3.200 escoltas por un periodo de ocho meses, estos trabajadores demandan estabilidad o formas diferentes de contratación.
Las labores de protección son para 7.500 colombianos que por diversos motivos cuentan con estas medidas, entre quienes se encuentran políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, alcaldes, diputados, concejales, sindicalistas, campesinos e indígenas, entre otros. Y entre estos, uno de los sectores más vulnerables es el integrado por reclamantes de tierras, de los que han sido asesinados más de 70 en los últimos años.
Un escolta es un trabajador que arriesga su vida para mantener la integridad del protegido. Su trabajo consiste en minimizar cualquier tipo de riesgo o responder en caso de atentados: “Esto lo hacemos con la observación, el cambio de rutina, el cambio de rutas y por último con la reacción cuando vemos que nos van a atacar”, explica Adith Rafael Romero, de la dirección del Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad (Sinproseg).
Tienen como base dos salarios mínimos a los que se suman las horas extras, un bono de alimentación, un bono extralegal y la dotación o ropa que les asignan “para estar bien presentados”. Por tanto, sus mesadas en promedio son de $2’400.000, más el bono de dotación para ropa por 398 mil cada tres meses.
Horas extras
La vida familiar y social de muchos de ellos depende de las jornadas laborales de sus protegidos, por eso casi no les queda tiempo. Aunque han logrado mejoras en ese aspecto en los últimos años:
“Existe el mito de que los escoltas deben estar las 24 horas disponibles. Se les olvida que el escolta tiene también vida social y familiar y que un ritmo de 24 horas probablemente ningún trabajador lo aguante. Le hemos exigido al Gobierno los relevantes. Por fortuna en esta nueva licitación la UNP logró incluirlos. Ellos hacen los descansos, las incapacidades médicas, la Ley María que algún trabajador tenga; esto no existía, lo hemos venido logrando con el tiempo y por la pelea del sindicato. Así como hay dignatarios que respetan las ocho horas, hay algunos que trabajan 15, la jornada del escolta es proporcional al trabajo del protegido”.
Para compensar las largas jornadas tienen un reconocimiento de algunas horas extras. Ponen como ejemplo el contrato de Ecopetrol con una empresa que le reconoce a los escoltas ocho horas de trabajo diarias más dos extras. Solo eso les pagan por día.
“Nosotros como organización sindical le estamos diciendo a los afiliados: ‘cumplan lo que dice su contrato de trabajo, cumplan sus 10 horas y ya’. La misma empresa les dice: ‘yo no le pago más de 10 horas’. Es una medida nuestra para que Ecopetrol nombre más relevantes. Hemos dicho: ‘a las 10 horas yo abandono al protegido y no estoy cometiendo ninguna falta’. A esa misma dimensión queremos llevar el programa de protección en el que estamos vinculados”, explica el dirigente de Sinproseg.
Saben que hacer esto sin la aprobación de la UNP, entidad adscrita al Ministerio del Interior, les puede acarrear problemas.
“Existen varios riegos, por ejemplo, que el dignatario se moleste y llame a la UNP y diga ‘cámbiemelo’, que es lo que está pasando. Pero tenemos la problemática de los viáticos. Hay afiliados que se han parado en la raya y dicen: ‘si a mí no me pagan los viáticos por adelantado, yo no viajo’, pero eso nos está generando un problema porque el dignatario llama y dice: ‘mire, esta persona no quiere trabajar, no me quiere acompañar, me hace el favor y me la cambia’ y esto afecta su estabilidad laboral. En menos de un mes le pasan la carta de terminación de contrato. Debemos dejar claro eso en la próxima contratación”, explica Hedimer Tao Reyes, vicepresidente de la seccional Bogotá de Sinproseg.
Solicitudes
El principal reclamo de la organización sindical es el tipo de contrato. Actualmente es obra labor, que no les ofrece estabilidad. “Desde octubre para acá tenemos unos 200 trabajadores por fuera y sin esperanzas de reintegro. Esto pasa porque le quitan la medida de protección al dignatario, entonces el operador privado unilateralmente le termina el contrato. Ellos dicen ‘recogieron el esquema y no lo necesitan, como no me lo están pagando me toca cancelarle’”.
La organización hizo estas observaciones para ser tenidas en cuenta en la licitación en curso. También exigen nombramiento de más relevantes; un mejor seguro de vida, que actualmente está en 100 millones y consideran poco: “Tenemos compañeros que han muerto en el servicio y no los pensionan, las familias quedan desamparadas”. De las peticiones les aceptaron el 85%, pero la UNP les dijo que la forma de contratación será definida por el operador que gane el contrato.
Sobre la estabilidad agregan que así como se están levantando esquemas también se están implementando otros, pero no los tienen en cuenta porque muchas veces hay tráfico de influencias.
En el tema de los relevantes, piden que sea uno por cada seis escoltas pero la UNP dijo que solo uno por cada diez; también solicitaron que los exámenes psicofísicos que están pidiendo al personal los asuman las empresas y no los trabajadores, aunque la respuesta es que queda al criterio del operador que se gane el contrato.
La Unidad Nacional de Protección desde el pasado año tiene una deuda con estos trabajadores. Luego del escándalo de corrupción con el desfalco, no hubo de dónde cancelar los viáticos y aunque el anterior director, Andrés Villamizar, se comprometió a pagarles, renunció sin hacerlo. Esperan que el actual director, Diego Fernando Mora, les pague.
Otra de las peticiones tiene relación con la manera zonificada como se presentó el pliego. Serán cinco zonas en todo el país, asignadas a cinco firmas que ganen la licitación. Expresan que eso los afecta porque los divide sindicalmente, es decir, si en la zona uno no les cumple no se podría hacer una manifestación nacional.
Esta práctica se uniría a la ya existente persecución sindical contra quienes se organizan. Y lo hacen aprovechándose del modo de contratación: “Les dicen que si se asocian a un sindicato, no les dan el trabajo o si están asociados pueden perderlo”.
