La gran tarea es iniciar la construcción de un programa alternativo que debe pasar por el cambio de gobierno. Hay la esperanza de que la lucha pueda cambiar este balance en dirección de una mayor democratización, un ataque a la impunidad, el logro de justicia y en contra de la violencia estatal.
Luis Jairo Ramírez H.
Los repudiables asesinatos y desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala han dirigido de nuevo las miradas de América Latina y el mundo hacia México.
Hace unos días visité ese bello pero complejo país, y pude observar de primera mano algunas de las circunstancias que hacen parte de la grave crisis de Estado que lo agobia.
La violencia en México no es cosa nueva. Algunos analistas políticos coinciden en señalar que sus raíces pueden ubicarse en el Estado autoritario que se consolidó después del gobierno de Lázaro Cárdenas en los años cuarenta del siglo pasado. Las investigaciones sobre las masacres de estudiantes en 1968 y 1971 y la guerra sucia de los setenta y ochenta no enjuiciaron a ninguno de los responsables. La decadencia de los partidos más influyentes (PRI, PAN y PRD), los fraudes electorales en contra de coaliciones de izquierda en 1988, 2006 y 2012 confirman la creciente naturaleza autoritaria del Estado mexicano.
Desde inicios de los años 90 se desata en México una sucesión de hechos contradictorios. El escritor Jorge Castañeda, que había tenido una militancia de izquierda y luego fungiría como secretario de Relaciones Exteriores del presidente conservador Vicente Fox, en su libro “La Utopía Desarmada” desautoriza categóricamente la lucha armada, pero, como una paradoja de la vida, meses después del lanzamiento de su libro se produciría el levantamiento zapatista en Chiapas.
Los estragos del TLC
Recordemos que el 1 de enero, 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el mismo día en que el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) de México con Canadá y EEUU entrara en vigor, miles de guerrilleros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuestionando el neoliberalismo y al sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad, tomaron control de centros de población importantes, para sorpresa del ejército, la clase gobernante y la comunidad internacional.
La esencia del Tratado de Libre Comercio significaría convertir a México en instrumento de dominio en favor de los países ricos (EEUU y Canadá), factor de acentuación y perpetuación de desigualdades e inequidades y escenario de una virtual guerra por controlar los mercados actuales y los del futuro. Como diría Eduardo Galeano, “la división del trabajo entre las naciones consiste en que unas se especializan en ganar y otras en perder” (Galeano, 1989).
El grito de advertencia zapatista sería confirmado con el paso del tiempo. Los procesos de reestructuración neoliberal llevados a cabo en México que han implicado no solo una persistente guerra contra la población por conducto del estancamiento económico, la expropiación de la riqueza pública, social y privada, un generalizado desempleo y precarización laboral, sino también la consolidación de las actividades criminales como parte de la operación cotidiana del Estado.
Desde el gobierno de Salinas ha habido un conjunto de contrarreformas agrarias dirigidas a la privatización de la tierra, atacando a los ejidos y formas comunales de propiedad. Las multinacionales han estado expropiando tierra desde los noventa, y ésta es una de las raíces del descontento social y político en el campo. Las reformas energética y minera de 2013 reforzaron la expropiación de tierras porque conllevan su privatización.
Poder y narcotráfico
Adicionalmente, en los últimos 15 años se ha producido en todos los niveles una simbiosis entre el poder político y el narcotráfico. En el campo tal vez sea más visible porque los grupos criminales locales venden protección, de tipo mafioso, a funcionarios de los gobiernos locales. Crecientemente, las elecciones locales son decididas por las bandas de narcotraficantes, cuyos candidatos ganan las elecciones; las bandas otorgan protección y eliminan adversarios políticos. Como puede deducirse, la industria de las drogas no puede existir sin el lavado de dinero. Y las cantidades de dinero circulando no pueden ser explicadas sin el involucramiento de grandes corporaciones y bancos, no solo en México sino también en los EEUU.
En este tipo de acuerdos el Ejército está también implicado en la corrupción y en la industria de las drogas. Fuerzas militares locales y regionales también venden protección a bandas implicadas localmente en la economía criminal.
Crimen de Estado
Hay evidencia clara de que, al menos, el Ejército sabía lo que estaba sucediendo con los estudiantes de Ayotzinapa. Los asesinatos y desapariciones forzadas se llevaron a cabo a unos cuantos metros de la base militar local. Existe información de que los militares sabían con anticipación los movimientos de los estudiantes y que estaban presentes cuando se llevó a cabo la primera balacera. En vez de intentar prevenir lo que estaba sucediendo hostigaron a los estudiantes e impidieron que los heridos recibieran asistencia médica. Por lo tanto, ciertamente estuvieron implicados.
México hoy es un hervidero de la lucha popular. El movimiento estudiantil viene liderando las movilizaciones. Los maestros, el campesinado y segmentos del sindicalismo, como el sector de la salud, se han vinculado a la protesta.
Las más recientes reformas neoliberales aprobadas en los dos últimos años fueron apoyadas por los tres principales partidos (PRI, PAN, PRD) a través del llamado Pacto por México. Morena, el nuevo partido de izquierda que apenas consiguió su registro legal en julio de 2014 y, por lo tanto, no ha participado aún en ninguna elección, ha jugado un importante papel con su oposición frontal al gobierno federal y su crítica radical a los otros partidos.
La gran tarea es iniciar la construcción de un programa alternativo que debe pasar por el cambio de gobierno. Hay la esperanza de que la lucha pueda cambiar este balance en dirección de una mayor democratización, un ataque a la impunidad, el logro de justicia y en contra de la violencia estatal. Va a ser una larga lucha que puede resultar en un movimiento progresista general. Pero el riesgo de un cambio del balance en dirección de una represión abierta está también presente.
