Gloria Inés Ramírez: Un compromiso de vida

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Gloria Inés Ramírez en una de sus frecuentes giras por el país.

Teresa Martínez Pinto*

Desde la profundidad del legado de innumerables mujeres que nos han precedido en el tiempo y en el espacio, y desde la militancia autorizada, comprometida y amorosa de innumerables mujeres que acompañan la cotidianidad del trabajo de los revolucionarios colombianos, la presencia de Gloria Inés Ramírez Ríos en el Senado de la República durante los dos últimos periodos constitucionales, indiscutiblemente ha marcado una impronta que difícilmente será superada por las representaciones que logren alcanzar las mujeres en el parlamento, no solo por su talante revolucionario y por la fortaleza de sus convicciones, sino por su acrisolado compromiso en defensa de la paz, la profundización de la democracia política y social, la realización de la justicia, los derechos de las y los trabajadores y el respeto y reconocimiento de los derechos humanos, especialmente de los derechos humanos de las mujeres, postulados que han guiado su actividad legislativa y de control político de la gestión pública de los agentes del Estado.

Como defensora del derecho a una vivienda digna y adecuada para los destechados, logró la incorporación en la ley 1469 de 2011 de la figura del contrato de arrendamiento con opción de compra como mecanismo de financiación para la adquisición de vivienda de los sectores más pobres de la población que no tienen ahorros ni capacidad de crédito. Dada su larga trayectoria en la lucha sindical, jugó un papel relevante en el contenido y alcance de la ley 1562 de 2012 por la cual se modificó el Sistema de Riesgos Laborales, en la que fueron incluidos los trabajadores vinculados mediante formas precarias de contratación.

Posicionó en los debates la resignificación de la perspectiva de género como un postulado que debe ser tenido en cuenta en la elaboración de las leyes, de los planes de desarrollo, de los presupuestos de rentas y gastos y de las políticas públicas que garanticen el reconocimiento y el goce real y efectivo de los derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres.

Como integrante de la bancada de mujeres del Congreso, es coautora de la ley 1257 de 2008, denominada “Por el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias”; de la ley 1542 del 2012, que eliminó en los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria el carácter de querellables.

Nuevas iniciativas

Con la ex senadora Cecilia López es autora de la ley 1413 de 2010, denominada Ley de Economía del Cuidado, por la cual se ordena incluir en el sistema de cuentas nacionales la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país. La importancia de esta ley radica en el reconocimiento del valor social que representa el trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres.

El Proyecto de Ley “Rosa Elvira Cely”, por el cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, así como también se autoriza la asistencia técnico legal gratuita para las sobrevivientes y familiares de las víctimas que pasa a segundo debate.

Así mismo del proyecto de ley por el cual se crea el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos que tiene por objeto el análisis, la identificación y la selección de las variables que debe contener el Sistema de Estadísticas Sociodemográficas, que con carácter diferenciado se deberán tener en cuenta para el diseño, elaboración, ejecución y evaluación y monitoreo de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva de las mujeres, así como también la identificación de las causas de la morbimortalidad materna, el embarazo adolescente y las enfermedades relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

Igualmente, y con el aval de la bancada del Polo Democrático Alternativo, presentó a consideración del gobierno nacional y del Congreso el proyecto de ley por el cual se crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Géneros como ente rector de las políticas públicas de equidad de géneros.

En condición de ponente, ha participado en la formación de varias leyes de la República, como la ley 1496 de 2011, denominada Ley de Equidad Salarial; la ley 1468 de 2011 que amplió la licencia por maternidad a 14 semanas y, en el caso de parto múltiple, a dos semanas más este beneficio. Igualmente hace extensivo este derecho al padre en caso de fallecimiento de la madre por el término de duración de la licencia por maternidad entre otros beneficios.

Ha sido una defensora intransigente de los derechos laborales y sociales de las madres comunitarias, a quienes de forma sistemática el gobierno nacional se rehusó al reconocimiento de su condición de trabajadoras, hasta que en el año 2012, la Corte Constitucional mediante sentencia T-628 de 2012 ordenó que a estas trabajadoras se les reconociera al menos el salario mínimo como retribución a su trabajo, aspecto que fue contemplado en la ley 1593 del 2012, Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Es ponente de un proyecto de ley que establece los lineamientos que deberá regir la formalización de la relación laboral a partir de enero de 2014.

A partir de su designación como presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, en agosto de 2013 y en desarrollo de su propuesta de agenda para este órgano legislativo, la tarea fundamental que ha llevado a cabo estuvo relacionada con la convocatoria a audiencias públicas sobre el seguimiento a las normas atinentes al derecho de las mujeres colombianas a una vida libre de violencias y a promover la participación real de las mujeres en el proceso de paz que se adelanta en La Habana, de conformidad con los mandatos de la resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En cuanto al desarrollo de su función constitucional de control político, su mayor dedicación estuvo concentrada en los debates promovidos contra el paramilitarismo; la violación a los derechos de libertad sindical de los trabajadores colombianos; la crisis humanitaria que enfrentan los pobladores de las regiones donde se desarrollan los planes de consolidación y reconstrucción territorial como La Macarena, el Putumayo, el Catatumbo, entre otras; las graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derechos humanos, gestión dentro de la cual se logró el archivo del acto legislativo Nº 06 de 2001, presentado a instancias de la corriente conservadora que lidera el Procurador General de la Nación, dadas las profundas implicaciones que este tenía en relación con la despenalización del aborto de conformidad con la sentencia C-355 de 2006 y el derecho de las mujeres al IVE y al reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos.

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* Abogada defensora de derechos humanos.