Revelan empeoramiento de la crisis penitenciaria
Redacción política
Deplorables y aterradoras fueron las conclusiones de la visita de la comisión legislativa a las instalaciones de la cárcel La Picota en Bogotá, tras conocerse el incremento de denuncias de violaciones de derechos humanos desde el interior del penal.
“Constatamos que, a pesar de las reformas al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), el hacinamiento continúa con cifras asombrosas. Por ejemplo en el pabellón número 1 de ese establecimiento, con una capacidad máxima para 887 presos, hoy hay allí 4.506 personas privadas de la libertad. Es decir que hay un hacinamiento superior al 419%. Y así otros pabellones. Algo absolutamente inhumano que viola dramáticamente los más elementales derechos humanos”, dijo Gloria Inés Ramírez, quien en esta oportunidad fue acompañada por Jaime Caycedo, secretario general del Partido Comunista Colombiano.
Rezago judicial
En la visita llamó la atención la lentitud del sistema judicial en tramitar desde una prisión domiciliaria por enfermedad grave, diagnosticada por Medicina Legal, hasta los subrogados penales que recientemente se aprobaron en el Congreso y quedaron vigentes en la ley 1709 de 2014. VOZ conoció la respuesta de una petición de subrogado de un interno de la cárcel Picota, cuya solicitud ante los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad fue negada con el argumento de no cobijarle la medida a pesar de lo dicho por el Ministerio de Justicia, quien impulsó la iniciativa con el propósito de disminuir la crisis del hacinamiento.
El exceso de negligencia es parte del sistema penitenciario. Hay por ejemplo más de 300 casos de peticiones de libertad, pero no tienen abogados que las tramiten. Solo hay cuatro togados para tantos casos en los que se necesitan por lo menos otros 15 profesionales para siquiera poner al día las peticiones.
Enfermedades terminales
Ramírez encontró varios detenidos con enfermedades terminales que, pese al requerimiento de Medicina Legal que obligaría al Estado a aplicar los subrogados penales para que éstos fuesen atendidos en su domicilio, el Inpec ha manifestado en diferentes oportunidades que sus equipos de médicos solo atienden emergencias de primer orden y no tratamientos de tanta complejidad como lo requiere un enfermo grave.
“Comprobamos una vez más la negligencia suprema de la EPS Caprecom. Hay muchos internos en condiciones graves de salud que desde hace uno o dos años tienen órdenes de tratamiento médico urgente sin que hasta el momento hayan sido atendidos”, dijo Ramírez.
Wilson Jerez es un joven no mayor de 20 años, quién además de estar detenido tiene una lesión en su médula espinal que lo dejó cuadrapléjico. “A pesar de que desde hace tiempo Jerez tiene concepto favorable de Medicina Legal para ser beneficiario con cárcel domiciliaria, el Inpec le ha negado sistemáticamente ese derecho por ser un prisionero de guerra de la subversión”. “Este caso es una infamia y una gran tragedia porque no existe la menor sensibilidad de parte de los jueces para cumplir la nueva ley de reforma al sistema carcelario y penitenciario del país”, dijo la legisladora.
Los detenidos políticos
Gloria Inés Ramírez tuvo la oportunidad de conversar con David Ravelo, Húbert Ballesteros y Francisco Toloza, prisioneros políticos, víctimas de la persecución del régimen criminal y violento que padece Colombia. “Encontramos al dirigente campesino Húbert Ballesteros con problemas graves de diabetes pero no ha sido posible que el Inpec, y mucho menos Caprecom, le prestaran la debida atención médica, por lo que el Estado es responsable de lo que pueda pasar con la salud de la víctima”, comentó Ramírez.
Los prisioneros de las cárceles piden urgentemente que se trabaje por el Movimiento Amplio Carcelario y la Mesa de Diálogo de las Cárceles para que su voz sea escuchada y por la defensa de los derechos la población carcelaria.
