Para la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia es alarmante que oficiales de alto rango y soldados de las Fuerzas Militares sigan vinculados a juicios por ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. Cinco millones de desplazados en 2013
Redacción DD.HH.
El Informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2013), presentado la semana pasada, aunque reconoce los esfuerzos realizados por la Unidad de Restitución de Tierras, hace un llamado ante las existentes dificultades para garantizar los derechos de quienes reclaman la restitución de sus tierras.
Una de estas es la limitada capacidad para trabajar en las zonas todavía afectadas por el conflicto armado interno, la intimidación y el asesinato de activistas y reclamantes de tierras, la falta de coordinación entre las instituciones en la planificación y ejecución de las actividades de retorno y la necesidad de tener acceso a mercados estables para asegurar la sostenibilidad de los medios de vida.
Se observó un aumento del número de asesinatos, amenazas y ataques contra los reclamantes, los dirigentes sociales y los funcionarios públicos que participan en los procesos de restitución de tierras.
En departamentos como Bolívar, el Cesar, Córdoba y Sucre, los intereses delictivos constituyen un grave obstáculo a la restitución. La Oficina de la Comisionada insiste en que la Fiscalía General de la Nación redoble sus esfuerzos para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos rápidos y eficaces.
Desplazamiento
Durante el 2013, había 5.966.211 víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Único de Víctimas, de las cuales 5.155.406 eran desplazados internos. Según el Registro, 55.157 personas se vieron obligadas a desplazarse entre enero y octubre de 2013.
La mayoría de las violaciones de los derechos humanos siguen en la etapa preliminar de investigación. La ley Nº 975, conocida como “Ley de Justicia y Paz”, relativa a los paramilitares desmovilizados, no se ha convertido en un instrumento importante de la Justicia penal, pues casi todos los acusados serán puestos en libertad al cabo de ocho años sin haber sido enjuiciados.
Fuerza Pública
Para la Oficina de la Alta Comisionada es alarmante que oficiales de alto rango y soldados de las Fuerzas Militares sigan vinculados a juicios por violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, en particular las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
“…Algunas autoridades militares solo consideran violaciones de los derechos humanos las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’, una posición que es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado. Otro motivo de preocupación es que, a pesar de la información disponible, cada año el Ministerio de Defensa y las autoridades militares indican que no se han presentado denuncias de violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, existe la necesidad de pasar de la negación al reconocimiento de las violaciones actuales y pasadas, y de darles respuesta”, señala el informe 2013.
La Comisionada llama la atención sobre el respeto de los derechos a la vida y la integridad de la población civil durante las operaciones militares, pues sigue siendo un motivo de preocupación. Se observaron situaciones de presunta privación arbitraria de la vida como resultado de una falta de planificación, de disciplina militar, de mando y control.
El informe del organismo de derechos humanos manifestó inquietud por el hecho de que, por más que estos casos se consideraron “errores militares” o “errores invencibles”, los comandantes militares no han asumido plenamente las responsabilidades institucionales en lo que respecta a la verdad, la justicia, la disciplina, la reparación y la no repetición. Un tratamiento igual se da en las investigaciones internas del Ejército sobre el uso de armas de fuego durante las manifestaciones campesinas realizadas el año pasado.
Interrogatorios y detenciones ilegales
Naciones Unidas siguió recibiendo información sobre la realización de interrogatorios ilegales a niños y niñas miembros de grupos guerrilleros en el departamento del Cauca, denuncias de casos de detención arbitraria de hombres jóvenes, entre los que había objetores de conciencia, durante procedimientos irregulares de reclutamiento militar. Si esas denuncias se demuestran, constituirían una violación de las sentencias de la Corte Constitucional, incluido un nuevo fallo promulgado a mediados del año pasado.
En junio de 2013, el organismo de derechos humanos presentó al Ministerio de Defensa Nacional un informe sobre 32 casos recientemente observados relativos a la utilización y ocupación de escuelas y otras infraestructuras civiles por el Ejército en todo el país.
De la misma forma señaló que las pocas investigaciones que siguen abiertas sobre estos casos permanecen en la etapa preliminar, mientras que la mayoría han sido cerradas sin que se formularan cargos.
