Desde distintas cárceles del país los reclusos opinaron sobre una reforma penitenciaria justa, adecuada y humana. Todo debe cambiar
Hernán Camacho
La crisis carcelaria es casi tan antigua como el primer código penal del país. Para el mes de abril del presente año los números mostraban una realidad incómoda para el gobierno nacional; hoy la cárcel de Riohacha, Guajira, tiene 398% de hacinamiento. El más alto en el listado lo complementan La Tramacúa de Valledupar con un 261.3%, Santa Marta con un sobrecupo de 242.3%, Bucaramanga con 144.7%, Cali, 243%, Bellavista, 197.8%, Itagüí, 127.1%, y en La Modelo de Bogotá con el 104.7%.
En la primera audiencia de reforma al Código Penitenciario hecha el pasado 15 de mayo en Bogotá, reclusos de doce establecimientos carcelarios del país se comunicaron con la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, general Gustavo Ricaurte, el defensor del pueblo Jorge Otálora, el representante Iván Cepeda Castro y la senadora Gloria Inés Ramírez, para dar a conocer las observaciones de fondo que debe tener el proyecto de reforma.
Casos como el de Guido Nule, quien sale de prisión a cualquier evento social en Cartagena, las noches de boxeo en los patios de los extraditables, los brotes epidémicos de sarampión o rubeola en las cárceles de Bogotá, la muerte por desatención médica de los internos y las recientes denuncias de intoxicación en la cárcel Modelo de Bogotá, en la que se investiga la presunta responsabilidad en ella del contratista que suministra la comida al penal, son razones suficientes para la necesaria reestructuración de un Código que trate al delincuente como persona, no como enemigo y que diseñe una nueva política criminal.
“Los reclusos deben tener un trato digno”, explicó en la audiencia Gloria Ramírez, que junto a Iván Cepeda y las organizaciones defensoras de derechos humanos como Lazos de Dignidad y el Comité de solidaridad con los Presos Políticos, vienen dando una pelea por hacer visible las difíciles condiciones de los prisioneros políticos en las cárceles y de la comunidad reclusa en general.
El sistema gringo
La lógica mercantil de las prisiones ha sido un factor que profundizó la crisis. La construcción de al menos una docena de centros carcelarios atendiendo las necesidades de ampliación de cupos o descongestión en el país, fue otra de las decisiones equivocadas que sucesivamente los gobiernos colombianos han tomado con asesoría del buró de cárceles de los Estados Unidos. Penales en ciudades de alta temperatura sin ventilación y sin servicios públicos es prueba de ello.
Francisco Javier Rivera, recluso de la cárcel de La Dorada puso el dedo en la llaga: “el proyecto presentado por el gobierno no responde a las necesidades de fondo en la crisis carcelaria”. El encargado de la comisión de derechos humanos de esa prisión dijo en la audiencia que se debe clasificar los establecimientos carcelarios de acuerdo a la clasificación del cuantum de la pena, es decir, baja, media y alta seguridad. Así como también, clasificar los internos de acuerdo a su situación judicial diferenciado sindicados de condenados y detenciones preventivas. Hoy es todos con todos.
Nueva doctrina
Desde la ciudad fronteriza de Cúcuta se reclamó el cambio de doctrina de los guardianes y de la dirección del Inpec. Para Nelson Angarita Ávila, la nueva cultura penitenciaria trajo un descalabro humanitario. Y es que no es para menos pues desde su lugar de reclusión Ávila denunció que los prisioneros políticos sufren una doble condena en la cárcel, la humanitaria y la política: “Ahora hay una función policiva en el INPEC, convirtieron al instituto en una red de informantes e inteligencia que persigue a los prisioneros, a sus familias, interceptan las llamadas de manera ilegal o hacen aparecer como casos aislados la sistemática muerte en prisión de compañeros”. Graves denuncias ante los máximos representantes de la política penitenciaria del país.
No obstante, a todo el cúmulo de propuestas en todo el país, la Ministra optó por desestimar la voz de los internos y prefirió señalar que si bien el ejercicio de escucharlos es muy interesante le sorprendió que los reclusos estén más interesados en una rebaja de penas general hasta de un 30% y en el bienestar de los guardianes, que en otra cosa.
Estado inconstitucional
En reciente comunicación a la Corte Constitucional el Comité Permanente de Presos Políticos y el representante a la Cámara Iván Cepeda, le solicitaron al alto tribunal declarar la continuidad del estado de cosas inconstitucional en las cárceles y penitenciarías del país, declarado en la sentencia 153 del 28 de Abril de 1998 y además, que inicien un proceso especial de seguimiento de tutela, como un mecanismo idóneo para consolidar el goce efectivo de los derechos humanos a las personas detenidas.
Y es que son inminentes las acciones que debe emprender el Ejecutivo para contrarrestar la crisis, de lo contrario estallará una bomba humanitaria en los penales. “Señora Ministra, no se ha hecho nada con esas medidas de emergencia”, opina Gloria Inés, refiriéndose al decreto de emergencia que emitió el ministerio para atender el sistema de salud que colapso y no hay la menor expectativa de mejora.
Caprecom, EPS, que atiende a los reclusos está en un estado financiero lamentable casi al borde de la quiebra y el Inpec continúa entregándole contratos sin tener en cuenta esos antecedentes. El promedio anual de remisiones es de 100 mil, número imposible de atender para esta EPS. Los pacientes de enfermedades terminales no reciben un tratamiento digno para el padecimiento de sus quebrantos y los reclusos menos graves, dice un recluso, “entre rezos y lágrimas”, prefieren una solución práctica: esperar con estoicismo “que pase algo”.
Sigue la discusión. El proyecto de ley cursa su primer debate, a la espera de ser discutido a profundidad por quienes serán sus principales beneficiarios, los reclusos del país. Temas como el cambio de doctrina militar en las cárceles, una política criminal ajustada al estado social de derecho, una sindéresis del poder judicial y los organismos penitenciarios, la reducción de penas y mejores condiciones laborales para el cuerpo de custodia es apenas una muestra del variopinto y complejo tema carcelario.
