La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció ante los medios de comunicación que desde el pasado 3 de mayo hasta la fecha, paramilitares han hecho presencia en las zonas de Turbo en el Urabá antioqueño y en Río Sucio en el Chocó y en sus alrededores.
Lo más preocupante según la organización de derechos humanos es que esta situación se presenta muy cerca de la Fuerza Pública que opera en el Río Atrato. Durante las primeras semanas de este mes de mayo los miembros de las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica (Cavida) han sido víctimas de retenes paramilitares, interrogados y amenazados.
Las zonas en donde se han presentado estos hechos son el caserío La Honda de Cacarica en el departamento del Chocó, entre otras. Los testimonios de las víctimas apuntan a que los retenes y hostigamientos son realizados por las Autodefensas Urabeñas, que ejercen presión en el sector extorsionando, controlando la movilidad de bienes y personas y amenazando.
Lo curioso es que la presencia paramilitar se da precisamente en momentos en que la empresa Centro de Producción y Comercialización Sostenible de Recursos Naturales del Atrato S.A.S (Ceprocenat) dentro del territorio colectivo de Cacarica realiza operaciones devastadoras con un trabajo extractivo con maquinaria de la empresa Maderas del Darién Pizano S.A.
Según testimonios, esto se hace para suministrar materia prima proveniente de especies que están en vías de extinción como el cativo, sin consulta previa, sin plan de manejo ambiental y de mitigación adecuados, con obras que afectan al conjunto de las comunidades del territorio, con graves daños ambientales y alimentarios irreparables, sedimentación del curso natural del río Peranchito e incumplimiento a compromisos con la comunidades.
