Se trata de aniquilar al adversario político, ya no mediante la fuerza física, sino consiguiendo que un juez sentencie que ha cometido un delito, aunque para ello haya que acudir a pruebas falsas, testigos comprados y a cambiar o tergiversar las leyes
Diógenes Laercio
Lawfare es una palabra que se pone de moda entre lectores de alguna cultura política. Es un vocablo de origen anglosajón, resultado de unir, en inglés, las palabras guerra y ley. Lawfare apareció por primera vez en los años setenta en un escrito sobre la forma en que en los países democráticos se producen auténticos golpes de Estado, que resultan más aceptables para la población, porque no son producto de alzamientos militares, sino que se plasman en pronunciamientos de los tribunales de justicia.
Escarbando sobre el origen de la palabreja, encontramos al estratega militar y general del ejército de los Estados Unidos, Charles J. Dunlap, quien aconsejaba a su país acudir a la guerra jurídica como un mecanismo de defensa más práctico y menos llamativo que el militar.
En definitiva, se trata de aniquilar al adversario político, ya no mediante la fuerza física, sino consiguiendo que un juez sentencie que ha cometido un delito, aunque para ello haya que acudir a pruebas falsas, a testigos comprados, a cambiar o tergiversar las leyes vigentes.
Corrupción de la justicia
En realidad, si bien la palabra es nueva, el concepto no. Desde la antigüedad, los poderosos han utilizado la ley para silenciar y encarcelar a los débiles, a los disidentes.
Lo novedoso hoy es la utilización de esta técnica en un sistema democrático, ya sea adoptando normas legales punitivas, que desprecian los derechos humanos de quien se quiere combatir o la cooptación del poder judicial, esgrimiendo el argumento de la separación de poderes y la buena voluntad e integridad de los jueces, como un poder impoluto, incorruptible. Pero no hay tal.
Hay un conjunto armonioso de normas que apunta en esta dirección, que tiene su origen en la academia y la judicatura alemanas, y se conoce como el derecho penal del enemigo. Básicamente plantea, como dice hoy Netanyahu, que los rebeldes de Hamás son ‘animales’ y habría que tratarlos como tales, vale decir, exterminarlos. Para ellos no hay justicia que los cobije. Estos animales están por fuera del manto protector de la ley. ¡Así justificaron el exterminio de la UP en Colombia!
Técnica de decapitación
Según Liliana Costante, analista, docente universitaria y directora del Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, “el lawfare es una técnica de decapitación sustitutiva de medios militares (tradicionales) para detener un liderazgo que afecte el interés de Estados Unidos y de las grandes corporaciones a nivel mundial. La guerra judicial es una guerra política por la vía judicial”.
Este es el escenario que se vive en Colombia en estos momentos, en donde el presidente de la República ha llegado a afirmar que hay un golpe blando en marcha en su contra, y para contrarrestar este evento ha convocado a la movilización ciudadana, como ha ocurrido en la presente semana.
Desde múltiples flancos se disparan torpedos contra la gestión del primer gobierno de izquierda en el país, sin ocultar su intención de debilitarlo y provocar su caída, o su derrocamiento si se miran, por ejemplo, las actuaciones de los oficiales en retiro de las Fuerzas Militares.
Pero, en el plano legal, vale la pena examinar el caso de la Corte Constitucional, como ejemplo visible, en que el organismo emula con la Fiscalía General y la Procuraduría en un cierto rol de partido de oposición.
Situación en La Guajira
La Corte no hacía mucho había declarado el estado de cosas inconstitucional por la crisis humanitaria que vive La Guajira, una figura jurídica excepcional que busca llamar a la acción urgente de los gobiernos para mitigar una situación anormal, cuya solución no da espera.
Sin embargo, el presidente Petro, que coincidió en la urgencia de atender los problemas de La Guajira, promulgó el decreto 1085 del 2 de julio de 2023, por medio del cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en esa región del país.
En ejercicio de su facultad de ejercer el control constitucional, la Corte tumbó diez de los once decretos reglamentarios expedidos por el ejecutivo, en materia de salud, educación, economía y alimentación. Entre ellos, uno relativo a la entrega de alimentación escolar con los denominados PAE; otro que dispone medidas de suministro de agua potable y saneamiento básico, y otro más que establecía la creación de una universidad para el pueblo wayúu. Fueron calificados de inconstitucionales por la Corte.
Por primera vez, en sus treinta y cinco años de existencia ─y justo bajo un gobierno de izquierda, no antes─, la Corte Constitucional dispuso que se podían suspender leyes vigentes, en ejecución, como medida excepcional, mientras se estudian demandas que se hayan presentado en su contra.
Paz criminal
En otra de sus decisiones, la Corte anuló varias de las funciones del Gobierno en su empeño por ejecutar una política de paz total. Decisiones como el nombramiento de voceros de paz, su excarcelación en caso de que estuvieran privados de la libertad, o los términos para el sometimiento a la justicia de bandas criminales, sobre esto la Corte determinó que no son del resorte del presidente y, por consiguiente, fueron decretados inexequibles.
El fiscal general de la nación emula en descalificar la estrategia gubernamental de la paz total. Dijo que ese instrumento de paz se ha convertido en herramienta para aniquilar el acuerdo con las FARC. “La ‘paz total’ se ha convertido en una paz criminal, título bajo el cual se pretende negociar, incluso con criminales de bajas categorías y sicarios”, afirmó Barbosa ─El Tiempo, noviembre 19 de 2023, página 1-12─.
La procuradora Margarita Cabello tampoco se queda atrás en este reality por objetar cualquier iniciativa del presidente Petro. Entre muchas acciones en esa dirección, se destaca su pedido a las altas cortes de que se declaren inexequibles cuarenta y uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, PND. Todo el PND en su conjunto es inconstitucional, dice Margarita Cabello.
Sumemos en esa ofensiva, la anulación por parte del Consejo de Estado de la elección del senador Alexander López Maya, de Roy Barreras, de César Augusto Pachón y de Luz María Múnera. La lista de la confrontación contra la obra de gobierno del presidente del Cambio es mucho más larga.
Convengamos, por último, con lo dicho por el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Daniel Rojas Medellín: “Nos permitieron ganar las elecciones para simular una democracia, pero la realidad es que se pasan por la faja la voluntad del pueblo, se burlan del pueblo, priman los intereses de los poderosos. Está claro que el poder está en otro lado, no en las urnas”.
