A finales del mes de junio fueron asesinadas tres jóvenes Paula Campaz Cortez, Yurany Preciado y Any Ximena Arboleda Rosero, habitantes del municipio Tumaco en Nariño.
Redacción DD.HH.
A comienzos del año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, presentó un informe que daba cuenta de la presencia a nivel nacional, de grupos narcoparamilitares. En este informe se mencionaba que dichos grupos se encontraban actuando en 149 municipios y 22 departamentos, los cuales integraban lo menos 14 organizaciones paramilitares.
Según mencionaba el coordinador de la Unidad Investigativa de Indepaz, Leonardo González, el reagrupamiento y la presencia de estos grupos bajo acciones militares contra la población, se convertiría en una verdadera amenaza para los procesos de paz con las FARC y el ELN. También se explicaba en el informe, las relaciones existentes entre dichos grupos armados y algunas instituciones del Estado.
González enfatizaba en que: “Hoy los acuerdos de paz que se realicen tendrán una dificultad mayor para su implementación, de existir en el territorio grupos paramilitares y no solo por la seguridad de quienes hayan decidido dejar las armas, sino especialmente para las comunidades y poblaciones donde se vayan a poner en marcha los planes de implementación en la etapa de transición a la paz”.
No más juventud asesinada a manos del paramilitarismo
A finales del mes de junio fueron asesinadas tres jóvenes Paula Campaz Cortez, Yurany Preciado y Any Ximena Arboleda Rosero, habitantes del municipio Tumaco en Nariño. Any Ximena hacía parte de la Juventud Rebelde en Nariño, del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano, Pupsoc, filial al movimiento político y social Marcha Patriótica.
La joven Any Ximena salió de su residencia ubicada en el barrio Las Flores para encontrarse con sus dos amigas, Paula y Yurany, el pasado jueves 23 de junio. A día siguiente fueron encontradas en el sector conocido como “Palo Parado”, cerca de las 5:00 de la tarde: Paula y Yurany estaban amarradas con una soga a un árbol, con impactos de arma de fuego en su cuello y cabeza. El 25 de junio por su parte, fue hallado el cuerpo sin vida de Any Ximena a las 10:00 de la mañana en el sector “Viento Libre”, presentando tres impactos de arma de fuego en la cabeza que le causaron la muerte.
Estas acciones delictivas vienen siendo sistemáticas a lo largo y ancho del país, de allí que las organizaciones de derechos humanos, no solo llamen la atención sobre el fenómeno paramilitar sino que además, insten a los organismos del Estado a proteger la vida y la integridad física de quienes ejercen liderazgos políticos en sus territorios.
Precisamente el enfoque con el cual se elaboraron varios de estos informes como el de Indepaz, era el de denunciar que desde el ejercicio militar y con una política del terror, estos grupos se venían fortaleciendo en las regiones más apartadas del país, a fin de tener el control territorial.
Y es que el mismo seguimiento por parte de los organismos nacionales e internacionales que instan por la protección de los derechos, aseguran que tras la supuesta desmovilización paramilitar durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el Estado ha sido incapaz de frenar este fenómeno, pues su principal acción ha sido la de ocultar su existencia, generando ambigüedad y desinterés a la hora de proceder con la justicia, y garantizar la tranquilidad tan anhelada en los territorios donde más sufren las consecuencias de la desidia paramilitar.
La población nariñense por su parte exige al gobierno nacional y regional, generar verdaderos compromisos encaminados a brindar las garantías para la edificación de la paz, las cuales pasan por el desmantelamiento de estos grupos y la garantía de una justicia plena para quienes viven en los territorios.
