Doce años de funcionamiento cumple la prisión militar de Guantánamo, como un perverso experimento para confinar a sospechosos de terrorismo islámico. En todo este tiempo, no se ha juzgado a una sola persona a la que se hayan probado cargos criminales de alguna índole. Clamor mundial por su cierre
Alberto Acevedo
A raíz de la petición del gobierno del presidente Obama a varios países aliados para que acepten trasladar, en condiciones aún no especificadas, a varias decenas de prisioneros islámicos confinados en la cárcel militar de Guantánamo, la comunidad internacional, organismos humanitarios y defensores de derechos humanos han multiplicado sus voces para que el gobierno norteamericano cierre definitivamente ese centro de torturas y de horror.
Guantánamo es una vergüenza para la sociedad, es un mentís a todo el esquema garantista construido por el estado moderno en varios siglos de evolución, por el derecho internacional y por los más elementales cánones de dignidad humana.
Bajo la administración de George Bush y después de haber involucrado a la OTAN y todos su aliados, la Casa Blanca se comprometió en una demencial “guerra contra el terror”, tomando como pretexto los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. En estas condiciones, la construcción de una prisión militar en Guantánamo se mostraba como un tenebroso experimento en la pretendida lucha antiterrorista.
Por esa prisión han pasado, desde enero de 2002, más de 800 prisioneros, que en realidad nunca tuvieron un estatus semejante, y más bien fueron tratados como secuestrados, pues se les capturó en sus países de origen, especialmente Irak y Afganistán, escenarios de una guerra de intervención, y fueron trasladados, vendados y amarrados, a una prisión extraterritorial bajo jurisdicción de los Estados Unidos.
En la actualidad, quedan aún 154 detenidos, a los que, doce años después, no se les ha resuelto su situación jurídica. Ninguno de los detenidos fue sometido a proceso judicial. Nunca se entrevistaron con un juez, con un fiscal, ni dispusieron de abogado defensor. Jamás se les imputó cargo alguno, ni se aportó prueba contundente que los comprometiera con actividades terroristas, como fue la razón esgrimida por sus captores.
En realidad no eran detenidos, sino secuestrados. Tampoco, en el lenguaje de las autoridades norteamericanas, eran prisioneros de guerra. El presidente Bush emitió un decreto negando esta condición, para que no fueran cobijados por los tratados de Ginebra, por el derecho internacional humanitario, ni por el derecho internacional en general.
Campo de concentración
Uno de los aspectos más perversos del experimento de Guantánamo es que, por primera vez, las agencias de inteligencia especializadas, capturan a personas sindicadas de terrorismo, en escenarios de guerra, y los trasladan a una base militar fuera de la plataforma continental norteamericana, para que queden por fuera de la jurisdicción de la Justicia de ese país. Es decir, se les niega el acceso a las normas del derecho internacional, y también las de la Justicia norteamericana.
En estas condiciones, no sólo eran secuestrados sino desaparecidos. En realidad, y solo por presión de organizaciones humanitarias internacionales, varios años después de haber sido capturados, las autoridades norteamericanas revelaron por primera vez sus nombres. Sólo entonces se supo que la mayoría de ellos eran yemenitas.
Muchos de ellos permanecieron largo tiempo encadenados, sin atención médica, sin alimentación adecuada. Se les humilló por sus creencias religiosas y se les sometió a horribles torturas. Guantánamo ha sido un campo de concentración en pleno siglo XXI.
En enero del año pasado, en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, Obama prometió clausurar Guantánamo. Hasta ahora no lo ha hecho, pese a que fue promesa de su primera campaña electoral. La Casa Blanca ha pedido a gobiernos aliados, incluidos varios latinoamericanos, que acojan a prisioneros de Guantánamo. El presidente de Uruguay, José Mujica, ha dicho que recibe a cinco de ellos, pero no en calidad de prisioneros, sino de refugiados. Colombia no ha tomado una decisión en este sentido. La comunidad internacional dice que Guantánamo debe desaparecer como cárcel militar y su territorio, usurpado a Cuba, debe devolverse a sus legítimos propietarios.
