A poco tiempo de cumplirse un mes de paro, la presidenta de Sindesena afirma que el Gobierno nacional dilata para no cumplir lo acordado hace un año con la administración de esa entidad
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
El conflicto laboral en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, ha permanecido por semanas sin que se encuentren soluciones que permitan volver a la normalidad a instructores, aprendices y administrativos.
Con un cese de actividades y bloqueo de sedes en todo el país, Sindesena ha estado presionando desde el pasado 13 de septiembre para que se cumplan acuerdos firmados con la administración de esa entidad hace un año, entre los que hay una ampliación de la planta y una nivelación salarial. Pero este año, también está sobre el tapete el recorte presupuestal de 500 mil millones de pesos que sufrirá la entidad en 2017.
VOZ habló con la presidenta de Sindesena, Aleyda Murillo, para saber en qué van las discusiones y qué tan cercana está una solución al problema.
Reuniones
–¿Han tenido acercamientos para encontrar salidas al problema?
–El viernes (30 de septiembre) tuvimos una reunión con representantes de la Defensoría del Pueblo, el Gobierno, el Congreso, Sindesena, el Colectivo de Estudiantes y Egresados, COES, con el objetivo de incorporar a la discusión al Departamento Administrativo de la Función Pública. Ya habíamos tenido reuniones con los Ministerios del Interior, de Trabajo, de Hacienda y Planeación Nacional.
–¿Qué discutieron en esas reuniones?
–Que si se lograban los procesos técnicos daban viabilidad económica, porque el SENA cuenta con los recursos para el aumento salarial como la nivelación, y revisaríamos el plan sobre seguridad y salud en el trabajo. El tema presupuestal se revisaría con los congresistas para ver lo de los 500 mil millones de pesos menos y tramitar ante el Ministerio de Trabajo, una mesa con el Ministerio de Hacienda para discutir lo de la reforma tributaria, y una mesa del SENA con el Ministerio de Trabajo y el de Educación para discutir el sistema de educación terciaria. Pero en nada hay acuerdo, hay planteamientos, discusiones, propuestas, pero se evidencia falta de voluntad política del Gobierno; hay desprecio hacia la protesta social, les importa poco.
–Cuando iniciaron las protestas ustedes decían que la culpa no era del SENA sino del Ministerio de Hacienda, ahora culpan a la administración del SENA, ¿por qué?
–La dirección del SENA ha tenido una actitud negligente. Nos hemos devuelto varias veces de reuniones porque falta un documento. También hay extralimitación de la Función Pública, porque por ejemplo plantean que no se pueden discutir temas salariales, que no es competencia de las organizaciones sindicales, sino de las centrales obreras con el Presidente de la República. Nosotros decimos que hubo un acuerdo y lo firmamos con la autoridad que se debía, quien consultó con el Gobierno, por eso reclamamos que se cumpla.
Además, cuando nos reunimos todos, Hacienda dice: “Es que de mí no depende, el SENA no ha mandado los estudios técnicos”. Vemos y efectivamente es así. Planeación y Hacienda dicen que ellos emiten un estudio financiero pero no se puede sin el otro. Por eso hay que incorporar al Departamento Administrativo de la Función Pública, quien también ha dicho que no tiene estudios técnicos, que el SENA no los ha llevado. Se ve que no hay voluntad política.
Buscan no cumplir
–¿Por qué cree que no hay voluntad política?
–En el gobierno de Álvaro Uribe en el SENA se aumentó en promedio 35% los sueldos de los directivos, aunque a los trabajadores no nos aumentaron ni un peso. En ese momento no hubo restricciones, no pidieron estudio técnico ni nada, se aprobó porque había una orden presidencial. Ahora nos plantean que no se puede.
En la primera reunión con Hacienda nos dijeron que no era con ellos, que buscáramos a Planeación Nacional porque se afectaría el Plan Nacional de Desarrollo. En la siguiente reunión Planeación nos dice que el SENA no ha sido claro, que no ha entregado documentos. En la siguiente reunión con Planeación y Hacienda, nos dicen que falta Función Pública, y ésta última dice que no se puede aprobar.
–¿Para qué dilatan?
–No quieren cumplir lo acordado. Su objetivo ha sido firmar acuerdos para no cumplir, es un mal mensaje que le mandan al país.
–Pero ustedes habían dicho que si no se ejecutaban esos recursos en septiembre, se perderían.
–Es la preocupación que tenemos porque ya están haciendo la redistribución de los recursos. Tenemos de alguna manera detenido el trámite porque las sedes están bloqueadas. Hemos conocido de una orden de recentralizar recursos, por ejemplo dineros que estaban en las regionales para infraestructura, los está recogiendo la dirección nacional para asignarlos a otros aspectos. Eso mismo tendría que hacer con la plata de nivelación y ampliación de planta.
–¿Ante este panorama que viene?
–Seguimos en paro. Planteamos acciones jurídicas ya que si usted firma con una autoridad es porque ellos tienen cómo llevar a cabo lo que se acuerda. Entonces ahora no nos pueden decir que estamos en un punto cero. Vamos a ver cómo vinculamos a otros sectores. Luego del plebiscito vamos a ver cómo se reactiva el apoyo de la central obrera e intensificaremos la protesta hasta que se resuelvan los puntos.
