La Corte Constitucional ha dicho claramente que el conglomerado económico no es un comprador de buena fe de tierras en la región de los Montes de María, y que tiene responsabilidad en la forma dolosa como se enajenaron los predios
Diógenes Laercio
El debate planteado por el presidente Gustavo Petro, durante un acto de reparación en El Salado, en torno a la adquisición irregular de extensos predios de tierra fértil por parte de la compañía cementera Argos, no es nuevo, es recurrente.
El despojo de tierras a familias campesinas mediante la violencia, el engaño, con la complicidad de jueces y notarios, para que predios fértiles, de la noche a la mañana, como por arte de birlibirloque cambiaran de dueño, es tendencia en la historia de Colombia.
Lo singular en el señalamiento de Petro es la confirmación de que, en los últimos años, fueron estructuras paramilitares, de la mano de comandantes de brigada del ejército, los que desalojaron y despojaron a decenas de miles de familias campesinas. Y en no pocos casos, el arrebato de tierras a sus legítimos dueños estuvo precedido de masacres, con elevado saldo de muertos, heridos, desaparecidos y de violaciones a mujeres, en presencia de sus familiares cercanos.
Y el mensaje es que, en tiempos del cambio, los señalamientos y el acopio de pruebas, pone a las puertas de la justicia penal a los perpetradores, buscando la reivindicación y la reparación de las víctimas.
Un pasado tormentoso
Esos ricos predios fueron a parar, a precios de huevo, a manos de latifundistas, grandes empresas agrícolas, militares en retiro, empresas industriales, tanto nacionales como transnacionales, entre ellas la muy famosa Cementos Argos.
“La empresa Argos S.A. ha tenido vínculos directos con el paramilitarismo y ha sido beneficiaria de esta estrategia en diferentes partes del país. La empresa Tolcemento, que se fusionó con Argos en 2005, tuvo a Julio César Guerra Tulena como miembro de la junta directiva. Antonio Guerra de la Espriella, sobrino de Julio César, fue elegido domo senador (…) para el periodo 2006-2010 y fue investigado por la justicia colombiana por organizar grupos paramilitares”. (Codhes y otros autores. “Talleres de devolución”, 12, 13 y 14, 2019).
En informes posteriores de Codhes, junto a varias entidades académicas, citados por el investigador Álvaro Villarraga Sarmiento, en el cargo de finanzas corporativas de Cementos Argos apareció Ricardo Andrés Sierra Fernández, hermano de Juan Felipe Sierra, quien fue capturado en 2008 acusado de ser enlace del jefe narco paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario y altos funcionarios de la Policía y de la Fiscalía en Antioquia y Córdoba.
De la mano de las AUC
Juan Felipe Sierra fue también fundador de la empresa Seguridad Control Total, conformada por personas procedentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y que prestaba servicios de seguridad a Argos S.A. Esta empresa después fue cerrada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y fue incluida en la Lista Clinton por su comprobada relación con recursos del narcotráfico y de nexos con alias Don Mario.
Las directivas de Argos, en diversos momentos en que se ha planteado el debate, han negado su responsabilidad. En septiembre de 2015, el presidente del Grupo Argos, José Alberto Vélez, dirigió una carta al director de El Espectador desmintiendo los señalamientos de un artículo del periódico publicados anteriormente.
“Los vendedores no fueron despojados de sus predios y no se vieron forzados a su abandono. Las compraventas se realizaron luego de una amplia negociación entre las partes, sin ningún mecanismo de presión”. (El Espectador, 20 de septiembre de 2015, página 84).
La voz de la Corte
La Corte Constitucional, en Sentencia T-699 A de 2011, dijo claramente que Argos no es un comprador de buena fe de tierras en la región de los Montes de María y que tiene responsabilidad en la forma dolosa como se enajenaron los predios.
No obstante, la abrumadora cantidad de pruebas, testimonios, fallos judiciales que condenan a Argos, el empresariado colombiano puso en el grito en el cielo ante las acusaciones de Petro en la reunión de El Salado y, como ocurre en las filas castrenses, ha esgrimido, como escudo protector una solidaridad de cuerpo entre los grandes gremios económicos y financieros.
Ahora el argumento es que estos señalamientos son en extremo peligrosos, porque dañan la confianza empresarial y envían a los inversionistas nacionales y extranjeros el mensaje de que no hay en el país seguridad jurídica para invertir.
Para proteger la libre empresa y rodearla de ‘seguridad jurídica’, no es bueno hablar a estas alturas de la vida de masacres, expropiaciones, desalojos, y menos de reparación. Lo mejor sería echarle tierra al asunto, y de esta manera proteger la bolsa de utilidades de las grandes empresas.
Theodore Khan, director de análisis político de Control Risks, dice por ejemplo que “el sector privado se expone a acusaciones y señalamientos públicos (incluso de mala fe), lo cual podría traducirse en un impacto comercial, independientemente de su base jurídica.
“Al igual que este ambiente puede generar, o exacerbar, riesgos operativos o de seguridad, al convertir a la empresa privada en blanco de protestas, que pueden ser justificadas como una compensación por las presuntas transgresiones de las empresas”.
El miedo de las empresas es que, con el ejemplo de reparación dado por el presidente Petro en El Salado, y los pasos dados por la JEP al desvelar no pocos crímenes de genocidio, Argos pueda convertirse en la puerta que arroje luz a la madriguera de otros crímenes empresariales, asunto que antes la justicia no quiso tocar.
Larga lista de crímenes
Hay empresas de los sectores de minería, petróleo, gas infraestructura y recursos renovables, que construyeron su riqueza sobre tierras en zonas rurales que fueron despojadas a los campesinos y muchos de esos suelos anegados en sangre de las víctimas.
La historia va desde las bananeras en 1928, hasta Cementos Argos, pasando por la Frontino Gold Mines, Chiquita Brands, la carbonífera Drummond, entre otras, que a su larga lista de crímenes añaden el generoso financiamiento a estructuras paramilitares que contribuyeron al incremento desmesurado de sus utilidades.
Los empresarios desgranan sus lágrimas, no por las víctimas, sino porque ahora, además de los señalamientos, la administración del Gobierno nacional quiere crear una Jurisdicción Agraria y Rural que privilegie a los campesinos y no a las empresas, a la restitución de tierras y no a la propiedad privada de los gamonales. ¡Qué horror!
