Tras tres años de implementación de la ley de víctimas el gobierno insiste en que se viene cumpliendo satisfactoriamente con la atención y reparación a las víctimas. Otra cosa señalan los órganos de control y particularmente el informe presentado por la Contraloría General de la Nación
Redacción Bogotá
El día lunes 14 de septiembre se realizó una audiencia de control al cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, para verificar el estado de superación al restablecimiento de los derechos de la población desplazada, que según la propia Corte se encuentra en un estado de cosas inconstitucional, situación que ha prevalecido por más de 11 años cuando se emitió la sentencia T 025/04.
Mientras se desarrollaba la audiencia, en la que participaron seis ministros del gobierno, la Unidad de Víctimas y los órganos de control e integrantes de organizaciones de víctimas, así como la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención a la Población Desplazada; mujeres pertenecientes al Grupo Distrital de Seguimiento al auto 092 de 2008, y organizaciones de víctimas como Descolpaz, Andas, Andescol, el Comité Central de Vivienda, se congregaba en las afueras de la Corte Constitucional agitando la consigna ¡exigimos que no se levante el estado de cosas inconstitucional! También los manifestantes coreaban consignas manifestando que el gobierno no estaba lo suficientemente comprometido con la construcción de la paz desatendiendo los derechos de las víctimas.
El semanario VOZ estuvo presente en la manifestación y al establecer diálogo con las manifestantes estas señalaban que “el gobierno desconoce los derechos como víctimas de desplazamiento, no hay una buena atención” indicó Claudia Ospina. Igualmente señaló como motivación de la protesta “…buscar mejorar la calidad de atención a las víctimas del desplazamiento por cuanto esta es precaria y no atiende la necesidad y urgencias de las víctimas de este crimen”. Por su parte otra integrante del grupo de seguimiento al auto 092/08 indicó que la protesta de hombres y mujeres víctimas del crimen del desplazamiento era para exigir a la corte que no se levantara el estado de cosas inconstitucional y que las cifras que venía presentando el gobierno era mentirosas. Maritza señalo que “…es la falta de recursos para reparar colectiva e individualmente a las víctimas, ni siquiera hay recursos para indemnizar a los grupos que el gobierno ha priorizado para la reparación colectiva… se mantienen todos los factores de riesgo de las mujeres y ni siquiera para eso hay recursos, las mujeres denuncian el sistemático incumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional señalo Ruby, integrante del departamento de mujeres de la CND.
Es que la ley de víctimas no es el instrumento que sirva para prevenir el desplazamiento, la vivienda es muy precaria e insuficiente y no está permitiendo la dignificación y no considera el enfoque de género y discapacidad que las víctimas mujeres vienen demandando hace muchos años.
Lo cierto es que el gobierno no está diciendo toda la verdad, en materia de atención integral a las víctimas, sus cifras no son consecuentes con la realidad que viven las víctimas permanentemente a las cuales se les está negando el reconocimiento e incluso están siendo retiradas del registro de víctimas, a partir de algunos criterios que se han ido estableciendo, como el no pago de ayudas humanitarias a desplazados de más de 10 años. Así lo indicó Carlina Bohórquez, sobreviviente el genocidio contra la Unión Patriótica quién también se encontraba participando en la protesta.
Tras tres años de implementación de la ley de víctimas el gobierno insiste en que se viene cumpliendo satisfactoriamente con la atención y reparación a las víctimas. Otra cosa señalan los órganos de control y particularmente el informe presentado en la audiencia, por parte de la Contraloría General de la Nación, que de acuerdo a una encuesta realizada por esa entidad, los indicadores de satisfacción están lejos de atender dignamente a las víctimas y las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T 025 y en los 100 autos de seguimiento. Por esta razón ha solicitado a la Corte Constitucional, no se levante la estado de cosas inconstitucional, petición que fue respaldada por otras organizaciones de víctimas y la comisión de seguimiento a la sentencia.
Las organizaciones convocantes a este mitin de protesta manifestaron a este medio que las mujeres son el grupo poblacional más afectado en el desplazamiento, y por eso se exige al gobierno más presupuesto para los programas de acceso preferente a la atención, y garantías de no repetición para que sea posible que las mujeres no tengan que seguir acudiendo a la prostitución y la esclavitud laboral para atender situaciones de alimento y vivienda para su núcleo familiar.
