El Frente Amplio por la Paz presenta informe de veeduría al cese unilateral del fuego y las hostilidades luego de un mes de haberlo decretado las FARC
Hernán Camacho
El Frente Amplio por la Paz rindió informe del primer mes de la tregua unilateral de hostilidades de carácter indefinido que decretó la insurgencia de las FARC-EP. En la verificación se concluyó que esa guerrilla ha cumplido el 100% del cese de fuego, pero también se extendieron algunas recomendaciones. VOZ habló con Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, sobre esas recomendaciones expresadas en el informe de verificación y lo importante que resulta para el proceso de paz el desescalamiento militar y del lenguaje.
–La insurgencia llamó al Frente Amplio “instancia verificadora” de su tregua. ¿Cuánto le suma al proceso el informe que presentan sobre el mes del cese unilateral de fuego?
–Es demasiado positivo que la verificación a la tregua unilateral e indefinida de las FARC, hecha por el Frente Amplio, se pueda entender como una verificación del pueblo colombiano. Además por la presencia territorial que tienen todas las organizaciones sociales y políticas que acuden al Frente Amplio y porque en todo momento el pueblo colombiano estaba pendiente de este gesto de paz. Era un hecho relevante para el país.
–Es decir que estamos ante un avance efectivo, no solo para las partes, sino para el país.
–Para quienes están detrás del informe de verificación resulta muy alentador y va en dirección de alcanzar la paz que le ha sido esquiva a muchas generaciones. Todos hemos estado en el conflicto: como víctimas y ahora como veeduría. Veo en el cumplimiento un paso para que los colombianos nos pongamos del lado de los cambios y las transformaciones, es decir del lado de la paz con justicia social.
–El informe revela acciones militares y judiciales que perturbaron a la población. ¿Cómo se explica esa actitud del gobierno?
–Es lamentable que los reportes de las organizaciones del Frente Amplio demuestren que existieron, en ese mes de tregua, detenciones masivas de campesinos como en el caso ocurrido en Sumapaz, localidad de Bogotá; bombardeos indiscriminados en el Meta y en otras regiones que afectaron la población campesina. Estamos en un proceso en el cual los gestos de paz deben ser bilaterales: por ejemplo, el respeto a las personas que viven en zonas rojas del conflicto y que son macartizadas. Es inconcebible que se estén llenando las cárceles de campesinos cuando se supone estamos cerca de una firma de acuerdos. Todos tenemos que poner, en eso estoy de acuerdo con De la Calle, pero el gobierno también.
–¿El informe será presentado en La Habana?
–Sí. El objetivo del informe, y es lo que esperamos todos, es que sea útil para la mesa. Con el informe les decimos a las delegaciones de FARC y gobierno que este proceso no puede tener fisuras y que debe caminar hacia una paz completa porque el futuro de Colombia es el que está en juego. A los países garantes, Cuba y Noruega, ya se les hizo la entrega oficial.
–¿Unas de esas fisuras pueden ser las amenazas a defensores de derechos humanos y personalidades políticas?
–Sí, claro, y por eso le hacemos el llamado al gobierno Santos de proteger la vida de los defensores del proceso de paz y de los defensores de derechos humanos amenazados por paramilitares y políticos aupados en intereses oscuros. Mi plena solidaridad con Piedad Córdoba, Ángela Robledo, Iván Cepeda y todos los amenazados.
–El presidente Santos dio instrucciones para abordar el tema de un cese al fuego bilateral y se abrió el debate: ¿cese al fuego antes o después de los acuerdos?
–Es lógico que un cese bilateral llegue antes de la firma de los acuerdos. Si no hay ofensiva no hay defensiva, y no somos el único conflicto en el mundo donde se firme un acuerdo bilateral de fuegos. Pero es evidente que un cese de fuegos impulsaría el proceso de conversaciones y enrumbaría inevitablemente a los acuerdos finales. No hay que tener miedo de dejar de disparar de todas partes.
–Una de las recomendaciones del Frente Amplio es bajar la intensidad del lenguaje. ¿Eso tiene nombre y apellido?
–Bajar la intensidad del lenguaje es fundamental. Juan Carlos Pinzón es un ministro que ha tenido muchas posiciones que alimentan la guerra. Yo creo que él debe darse cuenta del momento político por el que se atraviesa. Es un hombre joven que ha tenido a su cargo un ministerio poderoso por mucho tiempo, pero tiene que entender que la paz es necesaria. Con un país en paz puede dedicar sus esfuerzos a otros conflictos en el país: por ejemplo, las bandas delincuenciales que actúan en las calles o el paramilitarismo. El ministro debe ser igual de enérgico contra esa violencia.
–¿Le parece que ese doble discurso del gobierno pasa no solo por lo militar sino también por lo legislativo?
–Nosotros creemos que el gobierno de Juan Manuel Santos va en contravía de la paz cada que se asoma al Congreso. Todas sus iniciativas legislativas van en contra de los postulados de la negociación, en contra de lo acordado en La Habana, y en contra del sentido de esa solución política al conflicto. Al ministro del Interior se lo decimos cada que podemos: no presenten iniciativas desarticuladas con los resultados obtenidos por las delegaciones de paz.
–¿Una legislación lesiva?
–En estos días asistimos a las recomendaciones da la OCDE sobre pensiones, solo por señalar algo, y debo decir que los demócratas de Colombia estamos en contra de aumentar la edad de jubilación o de cualquier receta en contra de los trabajadores colombianos. Eso es contra la paz. En la campaña de la UP para la presidencia proponíamos una reforma estructural al sistema de pensiones en Colombia, y demostrábamos de dónde se financia y es sostenible. Aquí hay mucha plata en muy poquitos bolsillos. Tengo la absoluta certeza de que quienes gobiernan a Colombia no la conocen de verdad.
–Anuncian también una reforma tributaria que entre otras desgravaría, no cobraría impuestos, a los grandes capitales. ¿Qué opina?
–En este país no pueden descargarle todo a los salarios medios ni a la clase trabajadora. A veces los profesionales de un ministerio pagan más impuestos que el ministro, y ni qué hablar de la carga impositiva indirecta que se le aplica a los trabajadores informales o formales que apenas ganan un salario mínimo. Eso no es bueno para la paz real de todos los colombianos. El país debe darse cuenta que estamos ad portas de firmar un acuerdo histórico; pero eso debe estar acompañado de un clima favorable que en esencia son los cambios de carácter social y no solo el silenciamiento de los fusiles. La paz la deben vivir los ciudadanos corrientes en cada una de sus cotidianidades y eso no va a depender de aplicar las recomendaciones de la OCDE.
