Los desplazados siguen padeciendo amenazas y persecución por reclamar su tierra, mientras que el programa de restitución de la Ley de Víctimas no despega
Agencia Prensa Rural
La meta del gobierno nacional de restituirles tierras a 160.000 familias durante el actual periodo presidencial no sólo se incumplirá sino que ha resultado un completo fracaso al no alcanzar ni el uno por ciento de lo proyectado.
Según cifras oficiales, la Unidad de Restitución de Tierras ha resuelto un total de 911 casos, gracias a 347 sentencias que han sido resueltas a favor de las víctimas y con las que se han devuelto 19.255 hectáreas.
Estas cifras resultan muy lejanas de lo estipulado por la Ley de Víctimas, sancionada en el 2011 y que se propuso en su momento, en un plazo de diez años, restituir sus tierras a 360.000 familias.
Pero hasta la fecha, son más del 99 por ciento (159.089 familias) las que dejaron de ser restituidas según los propósitos oficiales, y que se acumularán con las 200.000 que deberían ser beneficiadas entre agosto del 2014 y el 2021, según las metas iniciales.
Violencia contra reclamantes de tierras
A la falta de prontitud en la ejecución de los planes de restitución se suma la situación de persecución que viven las comunidades desplazadas y los reclamantes de tierras.
Según el último informe de Human Rights Watch, entre enero del 2012 y septiembre del 2013, “más de 700 desplazados y sus líderes que exigían la restitución de tierras a través de la Ley de Víctimas denunciaron ante las autoridades que habían recibido amenazas”.
Esta situación permanece en total impunidad, pues “la Fiscalía no ha imputado cargos a presuntos implicados en ninguna de las investigaciones que impulsa sobre estas amenazas”, agregó esa organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos.
Según datos de la Fiscalía General de la Nación, hasta agosto del 2013 tenía en sus investigaciones un total de 43 casos de asesinato de líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras, en hechos registrados en los últimos seis años.
“Los abusos contra familias desplazadas que procuran regresar a su hogar casi siempre quedan impunes, al igual que los delitos originales de expulsión y despojo de sus tierras”, señala Human Rights Watch.
Según datos de diferentes organismos, como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el conflicto armado interno ha causado que unos 4,8 millones de colombianos abandonen sus hogares, generado así el fenómeno de desplazamiento más numeroso del mundo.
Se estima que los desplazados se han visto obligados a abandonar al menos 6 millones de hectáreas de tierra.
