César Santoyo Santos
@Cesar_Santoyo_S
Luego de una pausa no programada de “La Bagatela” durante el mes de diciembre de 2021, hay que desear a las personas que acompañan esta columna y al semanario los mejores deseos de movilización, fortaleza y exigibilidad para este año que comienza. Que 2022 sea un año de cambios de rumbo en favor de las libertades públicas, la dignidad de los pueblos y la realidad de un nuevo amanecer.
Se han registrado hechos de violencia absolutamente lamentables en Arauca, Cauca, Putumayo y Nariño. Nuevos confinamientos, un alto riesgo de desplazamiento forzado de personas, el uso deliberado del arma de la desaparición forzada de personas y nuevas modalidades de violencia política ejercida por agentes de Estado, son parte de este movimiento de inicio de año en el país.
En medio de ello el silencio pernicioso de organismos de control que sólo en la formalidad de sus actuaciones y sin exigir acción alguna al gobierno central, emiten comunicados o reportes insubstanciales.
El problema de la disputa entre grupos armados en territorios de Colombia es el correlato que sabíamos de entrada iba a traer la decisión del gobierno de Duque de frenar la implementación integral del Acuerdo de Paz.
Permitir que proliferen grupos armados en los territorios termina siendo rentable para un Estado sustentado en la militarización de las instituciones democráticas. Es un gran negocio para multinacionales de armas, mercenarios, inteligencias y la infame inclusión de Colombia como parte de la OTAN.
El desequilibrio regional de la inacción del Estado pone a territorios en medio de la guerra y por debajo de la línea de pobreza del país, profundiza la presión gubernamental para hacerse a mayores controles como observamos en la actitud permisiva de Duque a los enfrentamientos en Arauca.
Hay que trabajar desde el movimiento social para presionar con toda decisión un proceso de diálogos regionales que favorezca a la población civil y no los crueles cálculos del miedo, el señalamiento y la estigmatización con la que la extrema derecha acostumbra a impulsar sus campañas electorales.
Esta problemática en el caso de Arauca registra, con cifras de la segunda semana de enero de 2022, el asesinato de 25 personas, la orden de estos grupos de copar este territorio, que se une a la difícil situación que se presenta con las familias que han sido desplazadas en Tame y Saravena, evidencia una crisis humanitaria que se viene gestando y que ha sido silenciada por el temor que la población ha sentido de hacer denuncia y visibilizar sus casos.
Los desplazamientos masivos deben ser asumidos como una emergencia social que es responsabilidad de Duque y su gobierno. Allí vale la pena promover una misión humanitaria que convoque a la comunidad internacional con misiones diplomáticas en Colombia para que se enteren de primera mano la situación que vive Arauca y otras comunidades en el país.
Gracias al impulso y la valiente denuncia de las organizaciones defensoras de los derechos humanos la respuesta ha sido la construcción de un proceso de respuesta que integre a estas y otras propuestas que vale la pena desarrollar para dar un cambio de rumbo en medio de la agresividad con la que la extrema derecha quiere mantener el poder político, vaciar territorios para sus megaproyectos de control y seguir confinando al miedo y la muerte a las mayorías araucanas y llaneras.
