César Santoyo Santos
@Cesar_Santoyo_S
Estamos en un nuevo escenario de la lucha política donde las víctimas, los movimientos sociales, las organizaciones de la base social y comunitaria del país tienen que potenciar al máximo sus reflexiones para que hagan parte de lo que se puede considerar un cambio en el ejercicio del gobierno desde el ámbito político, económico y social.
Esta transformación, sin ninguna duda, afecta las instituciones del país y se convierte en un paso determinante. Por ejemplo, la modificación en el mando y su cúpula militar demuestra con claridad un cambio en el esquema de la doctrina y la fisonomía que conocemos de la fuerza pública en su conjunto, tanto en su orientación, su relación con la Constitución y la ley, como también en su composición orgánica.
Dicho esto, es necesario reconocer la dinámica que establece un cambio tan sólido como el que ha producido recientemente el gobierno de Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez Mina dirigido al llamado a calificar servicios en aproximadamente 50 altos oficiales de primer nivel, tanto en Ejército como en la Policía.
Esto no quiere decir que haya alguna sanción o acto disciplinario, o que a priori, participaran de la comisión de delitos contra los derechos humanos; más bien interpretarlo como la decisión de reorganizar la fuerza pública desde una política de seguridad y defensa que salve vidas y sea garante de la paz completa en el país.
Unido a esto, designar al exmagistrado Iván Velásquez como ministro de Defensa y la intensión de organizar la fuerza como lo ha orientando el señor presidente a través de distintos canales de comunicación, deja muy claro el interés absolutamente estratégico del nuevo gobierno en lograr la paz completa, estable y duradera en todo el territorio nacional y con toda la sociedad colombiana como actor protagónico.
Este cambio es muy importante en perspectiva de modificar la cultura política dedicada al militarismo como mecanismo de control social. Y debe estar cifrado, sobre todo, en la posibilidad de entender un nuevo momento para la sociedad colombiana donde debe estar dispuesta en asumir el reto de la paz grande, concepto que ha venido sugiriendo la Comisión de la Verdad.
Una paz que permita establecer el paradero de todas las personas desaparecidas forzosamente durante el conflicto, que pueda transitar de la visión punitiva de justicia a una visión reconciliadora y restaurativa. Una paz a partir del reconocimiento de verdad como aporte al cambio de rumbo que necesita el país.
Desde el ámbito de la sociedad civil y los movimientos sociales hay que fijarnos en las políticas públicas para sean activas, que realmente se ejecuten en los territorios donde lamentablemente el conflicto se ha ensañado, que aborden las problemáticas de las comunidades y tramiten cambios de fondo que le sirvan a toda la sociedad colombiana, a los industriales, a los empresarios, a todos los trabajadores, a las amas de casa, como a los grupos étnicos, a los estudiantes, etc.
Este es el cambio que merece tener una mirada más amplia de los derechos humanos y uno de sus pasos fundamentales es poder lograr esa transformación trascendental en la fuerza pública. Saludamos desde esta columna el cambio del mando militar y nos unimos a los votos y los ejercicios que haya que hacer para lograr mesas de diálogo regionales y procesos que salven vidas en todo el territorio nacional.
