La autoridad y el Estado fallido

0
70

César Santoyo Santos
@Cesar_Santoyo_S

El Estado colombiano se precia de ser uno de los más experimentados en el enfrentamiento de “amenazas” a la luz de estándares internacionales que vienen ordenados y que se han asignado por hegemonismos del poder regional y global: dependencia, exportaciones primarias, inestabilidad política y económica.

Las élites no se sonrojan jamás agravando las condiciones con que las mayorías nacionales están empobrecidas, limitadas en sus oportunidades y mucho menos tienen recato frente a la situación y la exclusión de poblaciones negras, trabajadoras, indígenas, silenciadas y condenadas a la informalidad.

La violencia sociopolítica ha sido un signo permanente de estas situaciones. Últimamente con la emergencia de la internet, las redes sociales y la absoluta degradación en un individualismo de mercado, se ha maquillado esta tragedia vistiéndola de “éxitos” personales de algunas veleidades. Es un interesante debate que abre este momento respecto del papel del Estado y sus controles, respecto de una sociedad insaciable de consumos y en una permanente diáspora por “salir adelante”.

Nunca los gobiernos que han pasado por la Casa de Nariño se han preocupado por la inclusión del país completo en un proyecto nacional de desarrollo que logre mejorar la calidad de vida de la población, hemos tenido que aprender a hacerlo con entornos directos, muchas veces solidarios, integrando a otras comunidades diversas en la lucha del día a día.

En este contexto se desarrollan hoy las retaliaciones de los grupos armados narcotraficantes que han emergido en medio de toda la crisis económica que producen las élites para mantener sus privilegios en detrimento de esas mayorías, que no quiso implementar el Acuerdo de Paz y sus reformas territoriales, limitó la posibilidad de sustituir los cultivos de uso ilícito, bloqueó la oportunidad de regularizar cambios productivos en el uso y propiedad de la tierra.

El fin de semana del día de la madre el país reportó 11 departamentos bloqueados, cientos de comunidades confinadas, más de 20 personas asesinadas, muchos videos de tratos crueles y degradantes a personas que osaron salir de sus casas en las zonas donde estos delincuentes sitiaron la vida y la población, amenazas inminentes y deplorables que son parte de la agenda que vivimos luego de la soberbia decisión del fallido Duque Márquez de extraditar a alias ‘Otoniel’.

Soberbia porque generó todas las condiciones de presión sobre la rama judicial, especialmente al Consejo de Estado para levantar la medida provisional que protegía el derecho a las víctimas para conocer la verdad frente a lo sucedido en la larga actuación criminal de Otoniel y sus redes mafiosas que escalan alto en la política y la economía. Como con la Ley de Garantías, este gobierno se extralimita presionando, negando y amenazando estabilidad.

En esta retaliación del “Clan del Golfo”, que ha sido criminal, violenta y cruel, Duque ha sido incapaz de desplegar el “máximo nivel operacional” para contenerla como sí lo hizo contra el paro nacional. ¿Acaso hay predilección en el uso del monopolio de la fuerza? –ya cuestionado por su desafiante incapacidad de entender la negociación como paso para la implementación de la paz.

Esta modalidad de Uribe IV que pronto acabará para fortuna de Colombia y su futuro, tiene como eje la legalidad y es la expresión del Estado fallido, un principio de autoridad que niega la existencia del Estado Social de Derecho y el derecho a la paz.