Magnolia Agudelo Velásquez
La vida política del país ha dado un giro histórico que exige con mayor fuerza la unidad campesina, obrera y popular con la confluencia de mujeres, indígenas, comunidades negras, de juventud, población LGBTIQ+, entre otros, como garantía para impulsar y sostener la alternativa de gobierno democrático y progresista que hemos logrado.
Esto en la perspectiva de poder popular y construir el horizonte de un futuro socialista, que ponga fin al capitalismo y su devastador modelo neoliberal impuesto a través de la guerra, la violencia, la concentración de la riqueza y el despojo de tierras, que ha dejado como consecuencia la profundización de la pobreza en el campo.
Razón por lo cual el campesinado ha librado luchas históricas en este país, para que se reconozcan sus derechos y el goce pleno de los mismos. Exigencias que hoy recoge el gobierno del cambio como bandera.
Es por ello que cobra relevancia el hecho de respaldar las iniciativas legislativas presentadas por el Pacto Histórico, como es el Proyecto de Acto Legislativo radicado para que se reconozca al campesinado como sujeto de derechos en la Constitución Política, que sin duda, será un paso importante para que por fin Colombia firme la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, asumida por la ONU, y como señala Vía Campesina, resultado de luchas históricas por el mundo.
Abona esto el camino para hacer efectivos los derechos para las mujeres campesinas, a quienes, sin duda alguna, les ha tocado afrontar la peor parte del sistema capitalista patriarcal y los impactos de la violencia sociopolítica en su territorio, de la cual no se han escapado sus cuerpos y sus vidas.
En este sentido cabe resaltar el aporte de las mujeres campesinas en la economía del cuidado como defensoras de la tierra, protectoras de las semillas, la soberanía y seguridad alimentaria, el resguardo del agua y el aire, la permanencia en el territorio y la lucha social y política por una ruralidad en paz que dignifique el trabajo de las campesinas como preservadoras de la extensión de la vida.
El gobierno Colombia Potencia Mundial de la vida, en cabeza del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, así como la bancada parlamentaria del Pacto Histórico, tienen el mandato popular de adelantar la implementación del Acuerdo de Paz en su totalidad, siendo la Reforma Rural Integral y las demás reformas estructurales un elemento fundamental para garantizar el goce pleno de los derechos campesinos.
Esto requiere de su participación efectiva en los diálogos regionales vinculantes, como escenarios de participación de donde saldrán los insumos para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo que integre las demandas diferenciales del campesinado y en particular de las mujeres rurales.
Por todo lo anterior y enalteciendo su legado, abrazamos las luchas de las mujeres campesinas, desde sus liderazgos y reivindicaciones a partir del feminismo campesino y popular, entendido “como una construcción asentada en la pluralidad, que busca construir la unidad desde la diversidad. Reconociéndose y haciéndose desde la heterogeneidad en formas de pensar, de organizarse, de producir y vivir de las mujeres del campo”, tal y como lo reafirmó la II Conferencia Nacional de Mujeres Fensuagristas.
Es el momento de la juntanza feminista, “por el reconocimiento al campesinado como sujeto político y de derechos”.
