Kevin Siza Iglesia
La Paz Total se implementó a partir de la aprobación de la Ley 2272/2022, norma que habilitó al gobierno de Gustavo Petro para adelantar procesos simultáneos de diálogo y negociación con organizaciones insurgentes y, por otro lado, de sometimiento a la justicia con organizaciones armadas de naturaleza criminal.
Esta política avanza en medio de las complejidades, obstáculos y tensiones que emergen de cada proceso y es una nueva fase de desarrollo de la vía de solución política y negociada al conflicto social, político y armado que persiste en Colombia y ha alcanzado el nivel de política de Estado, ubicándose como parte prioridades de la agenda del gobierno.
Las mesas de diálogos, que se adelantan con el ELN, EMC y la SM, van en dirección correcta de completar la tarea iniciada por el Acuerdo de Paz de 2016, instrumento del que deben partir los procesos de paz en curso, procurando mayores niveles de participación social.
En los actuales procesos de diálogos y negociaciones, como consecuencia del reconocimiento de su naturaleza política y estatus de beligerancia en los términos del derecho internacional y el DIH, se han pactado sendos ceses al fuego bilateral, nacional y temporal.
Los ceses bilaterales al fuego han jugado un papel importante para desescalar el conflicto armado en medio de los múltiples procesos de paz, estos contribuyen a generar un clima político y social propicio para el avance de los diálogos y negociaciones. En la reciente experiencia de negociación entre el gobierno Santos y las FARC-EP, aquella avanzó en medio del fuego cruzado y sólo pudo pactarse un cese al fuego bilateral en su etapa final, después de miles de muertos que hubieran podido evitarse.
La Operación Trueno para la retoma militar de El Plateado ha llegado a su segunda fase con el despliegue de la Operación Cauca, cuyo objetivo es el control territorial total de las FF. MM. sobre el Cañón del Micay, coincidiendo tristemente con la suspensión del cese bilateral al fuego entre gobierno y EMC.
Todas las conductas de los actores armados contra la población civil, como las de Toribío, son repudiables. En la suspensión, hay responsabilidades individuales, pero también compartidas. No pueden pasar de agache las reiteradas denuncias en torno a presuntas operaciones conjuntas entre el Ejército y actores armados ilegales.
Las debilidades en la implementación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación y la casi nula participación de la sociedad civil pasan factura. Tampoco pueden perderse de vista acciones contra la población civil del ELN y la Segunda Marquetalia.
Ser consecuentes con la paz implica no tener dobles raseros y asumir compromisos claros para detener los ataques contra la población civil, los asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz, los secuestros con fines económicos, el reclutamiento a menores, el avance del paramilitarismo y ceñirse estrictamente a las normas de DD. HH. y del DIH. Las guerras siempre las pierden los pueblos.
