Eder Maylor Caicedo Fraide
Recientemente la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad publicó el informe ‘Verdades inaplazables: violencia antisindical en el marco del conflicto armado colombiano’. En él, se da cuenta de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de quienes han ejercido la actividad sindical.
El documento está desglosado en siete capítulos que analizan, de manera general, la evolución histórica del movimiento sindical y su estigmatización, persecución y exterminio desde 1958 hasta 2021. Establece, al tiempo, los presuntos responsables, la victimización en el escenario internacional, los contextos nacionales en los que ocurrieron estos hechos y siete casos representativos que contaron con alto nivel de documentación. Esta investigación es de obligatoria lectura para quienes estudiamos las temáticas de violencia antisindical, sin embargo, vale señalar algunos aspectos críticos.
El informe presenta información estadística que es de vital importancia para comprender los impactos y las víctimas de la violencia antisindical, más en un país que carecía (hasta hace poco) de bases de datos confiables. Una de las conclusiones que llega el estudio es que durante los últimos 50 años se han presentado 15.481 violaciones de derechos humanos de personas sindicalizadas entre las que se destacan 3.295 homicidios, 7.650 amenazas y 1.954 hechos de desplazamiento forzado.
Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cesar y Bogotá fueron, en su orden, donde más se registró violencia contra las organizaciones de trabajadores. No obstante, el estudio no investiga los intereses que habían de fondo contra el movimiento sindical, es decir, deja como algo obvio la pugna capital-trabajo. Claramente, los dueños del capital fueron quienes contrataron o fomentaron grupos al margen de la ley para que la práctica sindical desapareciera o no se incubara en sus empresas.
Interesante, como el informe relaciona las etapas del conflicto armado y los cambios en la dinámica de la violencia contra los sindicalistas, pero se encuentra descontextualizado de las dinámicas internacionales y la injerencia ideológica y política que ejercieron países como Estados Unidos. La estigmatización contra las organizaciones sindicales en el marco de la Guerra Fría obedeció, en gran medida, a que estaban vinculadas con ideologías de izquierda y profesaban el comunismo como identidad y método de lucha. Aún con la caída del muro de Berlín, las organizaciones sindicales mantuvieron su ideología, siendo éste un factor determinante para que sectores de la élite colombiana diseñaran estrategias de persecución y exterminio.
Durante el siglo XX la construcción de idearios anticomunistas por parte de instituciones bipartidistas (partidos políticos, iglesia, agremiaciones de empresarios, gran prensa nacional) determinó la aprensión de prejuicios y tabúes sociales que limitaron el ejercicio de las organizaciones sindicales. Imaginarios sociales como la relación sindicalismo-insurgencia, práctica sindical-quiebra de empresas y la justificación del asesinato de trabajadores por ser sindicalistas fueron indicios del abuso de poder que conllevó a la violencia antisindical.
El informe adolece de estos entendimientos, restringiéndose a la descripción de los hechos y pasando por alto las motivaciones evidentes, que tenían los diversos sectores de la élite colombiana en atacar a los trabajadores organizados. La responsabilidad de quienes cometieron estos hechos violentos y la persecución que generaron contra las organizaciones de trabajadores es un elemento clave para profundizar en futuros estudios. La Comisión lo analizó por encima.
El aporte más importante del libro es el reconocimiento de que el sindicalismo es una apuesta transformadora, democratizante y modernizante del ejercicio de la política y del Estado colombiano.
