Maylor Caicedo Fraide
La infranqueable corrupción que históricamente ha cooptado la Fiscalía General de la Nación vuelve a estar en el ojo de la opinión pública esta semana. El exfiscal Iván Aguirre y la Fiscal Ana Victoria Nieto en Cali, amigos cercanos y protegidos de la vicefiscal general Martha Mancera, están siendo juzgados por, presuntamente, haberse aliado con narcotraficantes en el suroccidente colombiano para permitir actividades criminales. Aguirre y Nieto fueron dejados en libertad, a pesar del abundante material probatorio en su contra. La investigación judicial continúa y entre las pruebas que se han filtrado, según establece la revista Raya, están “comunicaciones con Mancera, llamadas interceptadas, testimonios y declaraciones juradas que debelan un entramado de corrupción y crimen en el que los narcos quedaron libres y los fiscales llenos de dinero”.
El sentimiento de estupor creció cuando El Reporte Coronell dio a conocer las declaraciones de dos agentes del CTI que involucran a su jefe en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila alias ‘Pacho Malo’, en operaciones claves del tráfico de armas y narcóticos que pasaban por el puerto del Pacífico y que, según se establece en El Reporte, la Vicefiscal General trató de ocultar y favorecer.
La Fiscalía General de la Nación, creada por la Constitución de 1991, en varias ocasiones, ha servido para el beneficio de criminales -especialmente narcotraficantes y paramilitares- que han quedado en libertad por falta de pruebas, compra de testigos, laxitudes en las investigaciones o contubernio con funcionarios.
En una rápida recapitulación, se vienen a la cabeza dos casos: El primero, el del entonces director seccional de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a una pena 15 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito y falsedad por sustracción, supresión y ocultamiento de documento público. Según la Corte en su fallo, Valencia Cossio se comprometió en actividades ilícitas con Freddy Manco Torres alias ‘El Indio’ y la organización criminal de Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’ a través del empresario Felipe Sierra.
El otro caso que dejó absorto al pueblo colombiano fue el del exdirector de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, en el marco del entramado que conocimos como el “cartel de la toga”. El exfiscal Moreno fue requerido en extradición por la Corte Federal para el Distrito Sur de La Florida en Miami por el delito de conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción. Entre las artimañas que realizaba Luis Gustavo Moreno, junto con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte estaba conseguir y utilizar información privilegiada que obtenían de los procesos, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, alteración de evidencias, todo para favorecer, entre otros, a los políticos Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía y Alejandro Lyons.
La esperanza de cambio de esta entidad cooptada por el narcotráfico y favorecimiento del crimen, está puesta en la elección de la próxima Fiscal. Se espera que el próximo 25 de enero la Corte Suprema de Justicia determine de la terna conformada por Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez, quien será la que lleve las riendas de la entidad y pueda hacer la depuración interna que necesita el órgano de investigación y acusación.
