Gabriel Becerra Yáñez
@BecerraGabo
Esta semana empezó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la discusión del proyecto de Ley Estatutaria 224 de 2023, por medio de la cual se regula la Educación como un Derecho Fundamental. Por unanimidad, se han aprobado 32 de los 40 artículos que conforman esta reforma y que equivalen al 80 por ciento de la misma. En un país con tantos enfrentamientos políticos, la reforma educativa podría ser un gran punto de encuentro y acuerdo.
No obstante, los esfuerzos realizados, la educación para una buena parte de la población sigue siendo un privilegio, por ejemplo, según el ICBF, 2.5 millones de niñas y niños, entre 0 a 6 años, no reciben ningún tipo de educación; aunque en la educación básica hemos avanzado en cobertura con un 91,54 por ciento, en media no superamos el 50 por ciento y los niveles de deserción son muy altos, aproximadamente el 43 por ciento.
En Educación Superior, tan solo 39 de cada 100 estudiantes que terminan el bachillerato llegan a ella. La situación es tan preocupante que el investigador Mauricio García la denomina un sistema de “apartheid educativo”, que no permite la movilidad social, mantiene y amplifica la desigualdad.
Es, por ello, por lo que existe un gran consenso sobre la necesidad de la reforma educativa y el Proyecto de Ley Estatutaria radicado el 16 de septiembre es el punto de partida para otros cambios como la nueva ley de educación superior, la reforma al Sistema General de Participaciones y otras de carácter no legislativo.
Para presentar el proyecto, se realizaron doce audiencias en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Huila, Quindío, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Valle del Cauca y Bogotá; además, foros, debates, conversatorios y diálogos en todo el territorio nacional y se recogieron aportes de estudiantes, profesores, padres y madres de familia, empresarios y comunidad académica.
Esta ley establece las garantías de la educación como un derecho fundamental y los mecanismos para su ampliación y protección y muchos temas que se abordan en los seis capítulos y cuarenta artículos, como ampliar el derecho fundamental a la educación inicial, media y superior; aprobar un cuerpo de principios y derechos, fortalecer el compromiso del Estado con la financiación y garantizar la dignificación de la labor docente, ampliar la oferta en los grados de prejardín, jardín y transición integrando la oferta institucional y comunitaria existente. Igualmente, propende por la obligatoriedad de los grados 10º y 11º, buscando una articulación entre la media y la superior, ampliando su financiación, cobertura, carácter científico, humanista y democrático.
La integralidad de la educación es un eje estructural. Garantizaremos la articulación entre todos los niveles, tipos, modalidades y formas de educación. Aspectos transversales están presentes en sus contenidos, como la ciencia, tecnología, innovación, artes, culturas, los saberes, la recreación, el deporte, la formación ciudadana y para la paz, elementos indispensables e inherentes a la materialización del derecho a la educación buscando el cierre de brechas de forma real y efectiva con grupos históricamente discriminados y marginados.
Con la aprobación de este proyecto, cumpliremos con la deuda histórica que el Estado colombiano tiene desde 1994 cuando se planteó la necesidad de una Ley Estatutaria y podremos demostrar que, a pesar de las diferencias, nos une como país que la educación sea un derecho fundamental que contribuya a una sociedad equitativa, democrática y con dignidad.
*Representante a la Cámara. Coordinador ponente proyecto de Ley Estatutaria de Educación.
