Jaime Caycedo*
@JaimeCaycedo
En este inicio de junio, mitad de año y final de la legislatura, la derecha emprende con toda en el propósito de bloquear las reformas en el Congreso. La campaña de propaganda mediática, que es el papel de los grandes medios de comunicación, la postura de los gremios del gran capital y algunas encuestadoras, han desplegado la tarea de confusión en la opinión pública.
Toda la alternativa que proponen es la permanencia del statu quo: las medidas neoliberales del orden laboral que han conducido a la precarización del trabajo, la desaparición del salario digno, la negación de la contratación colectiva, la prolongación arbitraria de la jornada de trabajo y la mezquindad con las horas extras.
Es claro que la espina dorsal del cambio es la reforma laboral que busca regular una parte sustantiva de las relaciones en la producción. De allí la necesidad impostergable de un estatuto del trabajo justo, moderno, democrático en cuanto permite defender los derechos de las y los trabajadores y no únicamente los del capital.
El provocador protagonismo sedicioso del Fiscal General muestra la ausencia de propuestas y de argumentos para la equidad social, en un país de crueles desigualdades socioeconómicas y culturales. La “nueva” ultraderecha postula ante el gobierno del Pacto Histórico la desestabilización, la defenestración del presidente Petro y una forma de golpe de Estado encubierto en las formas y la retórica de “defensa de las instituciones”.
Detrás de esta maniobra están fuertes baluartes del poder realmente existente: la nueva ultraderecha transnacional dirigida por Vox con vínculos en las derechas golpistas latinoamericanas y un sector del Partido Republicano de Estados Unidos. Lo que está en marcha es una combinación de recursos híbridos en escalada, desde el boicot a las reformas; los escándalos asistidos por estructuras de espionaje, controladas por el uribismo y atrincheradas en el poder público; hasta el intento de encaminar la situación a una salida judicial con acusación al presidente de la República.
Estas corrientes llamaron el año pasado a impedir por todos los medios la llegada al gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Los modelos que exhiben son: el carcelario de Bukele en El Salvador, el de facto de la señora Boluarte y la CIA en Perú. Anotamos el desembarco progresivo, a partir del 1 de junio de 2023 de 1.000 soldados estadounidenses en este último país. Más de 50 civiles murieron el año anterior a manos de la fuerza del Estado mientras protestaban por el derrocamiento del presidente legítimo Pedro Castillo. En Perú, como en Colombia, las clases dominantes confían cada vez más su estabilidad a la presencia directa de tropas y bases militares de Estados Unidos en su territorio. Una parte del Establecimiento estadounidense quiere prolongar las líneas de intervención del antiguo plan Colombia, previsto y elaborado desde el siglo pasado para la Comunidad Andina de Naciones.
Sus argumentos son: la fuerza, los entrampamientos, la guerra jurídica, la negación de los cambios sociales necesarios, los golpes “blandos” y la destrucción de la democracia. Estamos advertidos y dispuestos a enfrentar el desafío neofascista y neoparamilitar. La respuesta es la movilización general del pueblo.
Hay que unir todas las fuerzas, todas las voluntades, todas las expectativas de cambio y todas las rebeldías en torno al gobierno Petro–Francia, en torno a la paz integral, en torno a la vida.
* Presidente del Partido Comunista Colombiano.
