Nixon Padilla
@nixonpadilla
En mayo del 2020, en medio de la pandemia, el entonces Embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Alejandro Ordoñez, anunció que había vinculado a Colombia en la Declaración del Consenso de Ginebra, un acuerdo firmado por un poco más de una treintena de países -todos de corte autoritario o conservadores- liderados por el entonces presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el gobierno de Bolsonaro en Brasil.
En este acuerdo coincidieron una buena parte de países africanos, de Oriente Próximo y los más conservadores de Europa, todo un club social del patriarcado global.
Esta articulación internacional es parte de una estrategia financiada y promovida desde la derecha cristiana norteamericana, que alcanzó su mayor potencial con el gobierno de Donald Trump. Sus principales agenciadores, no solo financian grupos de las derechas locales en distintos países, sino que se involucran directamente en los debates que sobre los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, se dan en gobiernos y parlamentos en todo el mundo, inclusive en Europa, donde la derecha fascista gana cada vez más espacio.
Los objetivos principales de esta declaración es presentarle oposición a las acciones de organismos multilaterales que promueven el reconocimiento y goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, oponerse globalmente a la despenalización del aborto y a la acción del Estado para garantizarlo, a desconocer la protección de las diferentes formas de familias, así como promover un activismo contra los derechos de las personas LGBTI.
A pesar de que esta declaración no es vinculante, es decir no obliga a sus signatarios a actuar de ninguna manera, y que tampoco es instrumento del sistema de Naciones Unidas, se presenta como un polo de autoridad multilateral en los debates nacionales sobre despenalización del aborto o el reconocimiento de familias diversas en algunos países y en los foros internacionales.
En diciembre de 2020, la administración Trump ya había solicitado que la declaración se convirtiera en un acta oficial de Naciones Unidas, con el objeto de rodearla de legitimidad, tanto legal como política, en el concierto internacional.
En mayo de 2021, el recién elegido presidente estadounidense Joe Biden, anunció el retiro de su gobierno al patrocinio de la iniciativa conservadora, asestándole un importante golpe, teniendo en cuenta que los Estados Unidos fueron sus prohijadores iniciales.
No obstante, el objetivo de tener un referente multilateral antiderechos, con respaldo de gobiernos, que pudiera asegurar la coordinación de esfuerzos diplomáticos y financieros estaba lograda. La pérdida del apoyo estadunidense se ha intentado matizar con la vinculación del gobierno ruso en octubre de 2021.
Por eso es tan importante el anuncio emitido el pasado lunes por parte de la Cancillería colombiana de retirarse de la Declaración del Consenso de Ginebra. El gobierno de Gustavo Petro envía un mensaje claro que, ni en la arena nacional ni en el escenario internacional, se apoyarán iniciativas en contra de los derechos de las mujeres, ni de la población LGBTI, que reconoce al aborto legal como un derecho y promueve la protección de diferentes formas de familia.
Sacar a Colombia del club de países misóginos y homofóbicos, al que nos afiliaron Iván Duque, Alejandro Ordoñez y la derecha fanática criolla, es un paso en el camino correcto para las garantías de derechos en nuestro país.
