Debe desaparecer el trato de enemigo dado a las y los ciudadanos que piensan distinto y defienden la paz y se debe reformar el sistema de inteligencia militar, asegura Jaime Caycedo, uno de los espiados por la inteligencia militar
Carolina Tejada
El 17 de agosto la revista Raya publicó un artículo en el que relacionó una información hallada en documentos clasificados de organismos de inteligencia militar de Colombia. Dicha información da cuenta del espionaje a diplomáticos y funcionarios cubanos, dirigentes políticos de izquierda, periodistas y líderes sociales.
En la información, también se encontró, según evidenció la revista, cómo los organismos de inteligencia del Estado adulteraron archivos del computador de un jefe guerrillero para inculpar a Cuba como responsable de las protestas que se desarrollaron en Colombia.
Los periodistas de Raya afirman que las carpetas del espionaje están repletas de perfilamientos y como lo relacionaron en su artículo, de carpetas de fotografías, croquis, videos de seguimientos, mapas, tableros de ajedrez y los nombres más insólitos para identificar las operaciones.
Sin embargo, no es la primera vez que se dan interceptaciones ilegales en Colombia, o que se conozcan montajes a cargo de la inteligencia militar, ya en el 2009, se conoció de este tipo de interceptaciones y montajes de alto calado que involucraban directamente al disuelto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
En el año 2014, también se hizo público que una unidad de inteligencia del Ejército Colombiano habría estado hackeando las comunicaciones de quienes participaron en las negociaciones en el proceso de paz con las FARC, incluyendo a los delegados para la negociación desde el gobierno central de entonces.
Cuba uno de los objetivos centrales
La operación de espionaje contra el gobierno de Cuba, que incluía el cuerpo diplomático en Colombia, y quienes fueron calificados como espías, fue denominada “Charlie”. Estos señalamientos justificaban la obtención de dineros oficiales para el plan. Según la revista, el capítulo de Cuba inició el 26 de septiembre de 2016 con la llegada a Cartagena de Indias de 162 miembros del gobierno de la isla, y “a través de este servicio de inteligencia, los espías colombianos tuvieron acceso incluso a documentos privilegiados de convenios de intercambio militar entre Venezuela y Cuba” además de documentos en los que “se confiesa haber “sembrado” evidencias en los computadores de un jefe guerrillero para incriminar al gobierno de Cuba de tener una supuesta complicidad con el ELN en hechos violentos durante la protesta social”.
Además de la interceptación de los diplomáticos cubanos, en los que se encuentra el embajador cubano de entonces, José Luis Ponce; también relacionan al vicecónsul Kendry Sosa; el senador Iván Cepeda; la actual senadora, Gloria Flórez; el secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo Turriago; el abogado asesor en el proceso de negociación, Diego Martínez; el fotoperiodista Gerald Bermúdez e igualmente, el periodista Carlos Lozano Guillén, exdirector del semanario VOZ, y quien murió en 2018, entre otros líderes.
Para Jaime Caycedo, secretario general del PCC y quien se encuentra en la lista de las personas interceptadas y perfiladas, “contra Cuba ha habido permanentemente formas de seguimiento, de espionaje y de provocación, esto último en la búsqueda de enrarecer las relaciones de amistad y colaboración con la paz de Colombia que han caracterizado a Cuba.
“Con funcionarios de Venezuela también hubo expresiones de seguimiento y expulsión en el marco de la ruptura de relaciones. En el caso de líderes políticos han sido reiterativos a lo largo de muchos años el hostigamiento y los seguimientos”.
El gobierno de Duque conspiró
Además de las revelaciones de la revista, la Comisión de la Verdad, en un informe anexo de más de 50 páginas que presentó recientemente, denominado “Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia” se afirma que sí existieron planes para desestabilizar la paz y que dichas acciones estuvieron enmarcadas en un plan logrado por la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA y, que “el entrampamiento desató un nuevo ciclo de violencia y puso en riesgo la implementación del Acuerdo de Paz. Al mismo tiempo, empujó a cientos de exguerrilleros a retornar a las armas y envió a la ciudadanía el mensaje de que el Acuerdo de Paz había fracasado”.
Estas declaraciones generaron muchas reacciones, entre ellas, las del Partido Comunes, quien a través de un comunicado público del 22 de agosto, anunció que acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dadas las múltiples acciones irregulares que desde el establecimiento se dieron en contra del proceso y de las personas firmantes del acuerdo de paz.
En el informe de la Comisión, se habla de varios obstáculos al proceso y en particular el objetivo de inculpar a los y las firmantes de la paz en varios delitos. Así mismo expresa que se concertó la participación del sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, un militar retirado, el teniente coronel Gustavo Adolfo Calvache Prado, y hasta cocaína en poder de la Fiscalía. Una de las intencionalidades en medio de todo, era involucrar a Jesús Santrich en negocios ilícitos para deslegitimar el proceso de paz.
El Partido Comunes, argumenta que, como ya se había denunciado en años anteriores, “la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez, atentó contra el acuerdo de paz, entrampó el proceso y actuó directamente contra la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, contra la familia del senador Iván Cepeda; contra los senadores Pablo Catatumbo y Julián Gallo”. Todo en el marco de las chuzadas a la mesa de negociaciones adelantadas en La Habana, Cuba.
Reforma del sistema de inteligencia
Para el dirigente político del PCC, esta es la continuidad de la doctrina de Seguridad Nacional y del enemigo interno que se implementó por años en Colombia. “El estado colombiano ha practicado el espionaje hacia la población. Lo vimos más recientemente en 2014 en pleno proceso de diálogo en La Habana. El gobierno de Juan Manuel Santos justificó la legalidad de los llamados puntos Andrómeda con la ley 1621 de 2013 de inteligencia y contrainteligencia”.
Menciona además que, “durante el gobierno de Iván Duque denunciamos todas las formas de espionaje de Estado bajo la figura «rastreo al aire» y de «ciberpatrullaje», con el que se han hecho incluso detenciones extemporáneas de jóvenes de las primeras líneas. Concluimos que bajo el régimen uribista el espionaje ha sido política de estado. Ha sido utilizado en la lógica de volver trizas la paz”.
Desde comienzos de 2014, expresa Caycedo, “denunciamos los puntos Andrómeda y hemos rastreado los operativos de espionaje. Hemos hecho denuncias al respecto y creemos que es necesaria la derogatoria de la ley de inteligencia y contrainteligencia junto con los decretos arbitrarios que han ampliado las facultades de los organismos represivos en violación de las libertades fundamentales”.
Al respecto, manifiesta que se hace necesario una reforma total del sistema de inteligencia como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro. “Debe desaparecer el trato de enemigo dado a las y los ciudadanos que piensan distinto, a quienes participan de la protesta social o defienden la paz y los Derechos Humanos. Debe desaparecer todo estigma hacia la juventud, así como todo espionaje «legal» como justificación de los llamados falsos positivos que son una vergüenza del sistema político vigente que estamos luchando por cambiar en el marco del actual gobierno democrático”.
