Pietro Lora Alarcón
Hay visiones de mundo que son imprescindibles para interpretar la historia, desentrañar contradicciones y avanzar en el conocimiento. Recuerdo obras como el Novum Organum de Bacon, El Príncipe de Maquiavelo, el Leviatán de Hobbes y El Capital de Marx. En todas ellas hay una filosofía, la estructuración lógica de un pensar que deriva de conceptos e ideas convenientemente revisitadas y expuestas para mostrar lo nuevo y necesario.
Y claro, hay una filosofía para la guerra y una para la paz, ligada a cómo los seres humanos orientan sus relaciones y defienden posiciones e intereses. La filosofía de la guerra, expuesta en sus contornos más generales por Clausewitz, en el siglo XIX, plantea que esta sea “racional”, resultado de una evaluación de costos y ganancias; “instrumentalmente” dirigida a objetivos estratégicos y tácticas para obtener la victoria; y “nacional”, buscando comprometer psicológicamente a “la nación” para vencer al enemigo.
Ahora bien, si la guerra persiste, como condición crónica de una sociedad, es porque ésta se organizó políticamente a partir de presupuestos de violencia planeada y ejecutada para un propósito. Regularmente es una guerra impuesta, en cuya génesis está el cierre de las posibilidades de resolver los conflictos a través de una síntesis de divergencias.
Es el caso de Colombia y otros países, donde agentes del Estado no pueden decir que fueron ignorantes ante hechos conocidos, porque en el enmarañado de la guerra cotidiana comprobadamente participaron de ella, planeando y ejecutando, ya sea porque resulta un “buen negocio”; o porque se torna “un fin en sí mismo”; o porque se inventa “un enemigo”, interno o externo, al cual había que derrotar.
En ese escenario, reivindicar la paz como una alternativa político-social convirtió a la persona en un “enemigo del Estado”, un “subversivo”, contrario a un sentido escatológico de guerra final en la cual el vencedor sería el “Estado”, entiéndase, un leviatán cuya virtud histórica y fatal es la de ser violentamente omnipresente: por acción, cuando fue capaz de operacionalizar “falsos positivos” y organizar contrainsurgencias privadas; o por omisión, cuando desaparece ante la demanda de derechos sociales.
Por eso, la dimensión que tiene la “Seguridad Humana”, del nuevo gobierno, y que se entrelaza con una filosofía para la paz y los derechos humanos, es gigantesca y constituye un primer nivel de pedagogía social para avanzar a cambios en la concepción de la relación entre ciudadano y fuerza pública.
En un segundo nivel, esta filosofía debe erigirse como una política de Estado y no apenas de gobierno, sustentada en la recuperación de la fuerza normativa de la Constitución de 1991, que con claridad determina que las Fuerzas Militares y la Policía tienen misiones de defensa de la soberanía nacional, protección del territorio y cuidado del orden, que no es cualquier orden, sino aquel ligado a las libertades públicas. No se puede hablar solo de una nueva política de seguridad del gobierno, sino de la vocación y del deseo de una sociedad que entiende que la paz es el camino.
La seguridad territorial, concretada en dar prioridad a los municipios donde líderes y lideresas corren mayor peligro, las tácticas de prevención y las iniciativas jurídicas, de combate a la criminalidad organizada y no organizada y de desarrollo social, son elementos claves para dar los primeros pasos para una filosofía y una fuerza pública para la paz.
Esta visión de mundo debe modificar nuestra historia.
