Paz total y soberanía

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Jaime Caycedo Turriago
@JaimeCaycedo

La idea atribuida al presidente Gustavo Petro de proponer a la jefe del Comando Sur de Estados Unidos Laura J. Richardson la creación de una fuerza militar para proteger la Amazonia de los incendios forestales representa un error. De tiempo atrás, Estados Unidos ha perseguido la idea de controlar este hinterland brasileño y el espacio estratégico ecuatorial de varias naciones, entre ellas Colombia, con propósitos de dominio y control.

Si la llamada guerra antidrogas ha sido un proyecto fracasado, como lo ha afirmado el compañero presidente, el pretexto ahora invocado de militarizar la protección frente a los incendios merece examinarse desde otros ángulos.

Colombia ha ratificado el Acuerdo de Escazú de protección de la vida y la acción de las y los ambientalistas defensores del bosque. Los modelos extractivista, ganadero y de plantación, más los intentos de implantar el fracking como mecanismo de extracción petrolera secundaria con las consecuencias de contaminación de las aguas, la remoción en masa, el desplazamiento de pobladores y la contaminación de la naturaleza son parte esencial de la formación social capitalista cuya permanencia se afianza en los Planes Nacionales de Desarrollo.

Estos planes, a todo lo largo de la política contrainsurgente se han diseñado sobre modelos de guerra antiguerrillas, antidrogas y contención de protestas sociales y populares. Esta mirada en la utilización del espacio y del territorio va en menoscabo de las poblaciones habitantes, en desprecio de sus intereses y agrava su empobrecimiento.

El actual PND contempla las llamadas zonas de consolidación militar que coinciden con las cinco “Zonas Futuro”, los operativos castrenses con asesores militares estadounidenses en la instrucción, formación y seguridad de las estructuras del ejército nacional. Complementariamente, hay que tener en cuenta que son las áreas portuarias, algunas bajo control del paramilitarismo, la vía por donde sale el grueso de la exportación de narcóticos. De otra parte, el restablecimiento pleno de las relaciones de amistad con Venezuela suspende definitivamente los planes de intervención militar conjunta para derrocar al gobierno bolivariano.

Son saludables las decisiones del actual ministerio de Defensa y el gobierno con nuevas reglas para la acción de la fuerza pública: no más bombardeos, volver a la sustitución concertada con el campesinado, apoyar los planes de desarrollo con enfoque territorial y las medidas de reforma rural, respaldar y empoderar a las comunidades a través de los PMU en las regiones críticas y utilizar la inteligencia militar en la lucha contra la corrupción.

En realidad, el Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 tiene que ser una guía principal de articulación del nuevo plan de desarrollo 2022-2026 en conjugación con el programa del Pacto Histórico. Debe crearse una política de garantías de seguridad para la vida y la actividad sociopolítica de excombatientes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas amenazados.

Pero aún se requiere desvincular la costosa presencia militar de la protección de los megaproyectos extractivistas y portuarios, que incuban y naturalizan el paramilitarismo como parte integral del “modelo” neoliberal de privatización de los bienes comunes y del Estado, modelo que promueve el control, la expulsión, despojo y desplazamiento de las y los productores directos.

Debe suprimirse el “arrendamiento” de base militares colombianas al ejército de EE.UU. y revisarse la función de los “asesores” y la “ayuda militar” para la contrainsurgencia. La Paz Total como propuesta exige establecer estos cambios en pro de la soberanía y la autodeterminación de Colombia.