Licencia para desinformar

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Luis Jairo Ramírez
@JairoRamirezH

El persistente ataque mediático a la ministra de Minas y Energía Irene Vélez ha puesto de presente el carácter clasista de la prensa colombiana, propiedad de “intocables” y gigantescos poderes económicos.

Esto no es nuevo. El país presenció cómo durante la campaña del Pacto Histórico, se dedicaron a agredir y entrampar mediáticamente al candidato Gustavo Petro, al mismo tiempo que fungían como generosas “oficinas de prensa” de los candidatos de la extrema derecha. Mientras el Pacto Histórico ganaba nítidamente cada una de las vueltas eleccionarias, la prensa concentraba toda su información en el candidato de la derecha que ocupaba de lejos el segundo lugar.

Esto es así por la importancia estratégica que las clases dominantes le han dado históricamente al control de la información, de forma que exista libertad de expresión, pero que sea “su” libertad de expresión.

En efecto, Sarmiento Angulo es dueño del periódico El Tiempo y canal City TV; Ardila Lulle controla RCN Radio y TV; el grupo Santo domingo es dueño de Caracol Televisión, el periódico El Espectador y la emisora Blu Radio; el grupo español Prisa es dueño de Caracol Radio y el magnate Gilinski, es propietario de la revista Semana.

Es por lo que bajo el paraguas ficticio de la “libertad de prensa” han logrado un nivel de impunidad impresionante. Los medios hoy censuran, mienten constantemente, manipulan, insultan, desprestigian y destrozan reputaciones y trayectorias de quien se les ponga en su camino. Su intolerancia ante cualquier poder legítimo y democrático que intente tocar sus privilegios es absoluta. ¿Está la prensa por encima de la Constitución y la Ley, so pretexto de la libertad de prensa?

Ahora que el proyecto triunfante del Pacto Histórico procede a dar desarrollo a su programa de transformaciones democráticas: la paz total, la reforma tributaria para superar la pobreza y el hambre; dinamizar la agricultura para abaratar el costo de los alimentos, garantizar la salud y la educación para toda la población; hacer la reforma laboral para el empleo digno; esos poderes mediáticos  inyectan odio de mil modos, especialmente en forma de miedo que se siembra a diestra y siniestra, gracias, entre otros, a sus «profesionales del periodismo». Intentan hacer invisibles las luchas sociales y sus demandas. Silenciar el clamor popular que exige justicia; ellos miran con desprecio a esa juventud colombiana olvidada y a las mujeres, a quienes con frecuencia tildan de “vándalos”, “terroristas”, “mamertos”, etc., que les sirve de inspiración para desplegar artimañas alienantes y represivas.

Ingenuamente los congresistas verdes Katherine Miranda e Inti Asprilla hicieron coro con ese poder mediático: “ministra @IreneVelez, el periodismo se respeta y se responde a sus inquietudes, es su obligación como funcionaria pública”, en vez de solidarizarse y rodearla ante el ataque aleve de la prensa corporativa.

En Colombia, mientras los grandes capitales acaparan la propiedad de los medios de comunicación, la Constitución no garantiza y dificulta el acceso de las diversas organizaciones sociales a la pauta publicitaria de las entidades del Estado; a los canales de televisión, radio y prensa escrita, estableciendo de hecho una situación inmensa de desigualdad de derechos.

A esta situación se agrega la censura a alternativas periodísticas como Telesur, cadena de televisión multiestatal (Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Uruguay y Ecuador), que transmite una señal libre y sin costo, como otra mirada informativa. Igual ocurre con la censura de medios como Sputnik y RT, entre otros.