Luis Jairo Ramírez H.
@JairoRamirezh
Como estaba previsto, en semanas pasadas fue presentado públicamente el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Hay que reconocer que el equipo presidido por el jesuita Francisco de Roux desplegó durante cuatro años un colosal esfuerzo de investigación, que convocó un espectro muy amplio de víctimas y agentes determinadores para escuchar sus testimonios y versiones.
A mediados del 2013, se publicó el informe “Basta ya. Memorias de guerra y dignidad”, a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica que, si bien significó un esfuerzo académico importante, quedó reducido a una “verdad oficial” con el obvio sesgo institucional.
El informe final de la Comisión de la Verdad representa un gran avance; sin embargo, hechos nucleares de responsabilidad y los reales beneficiarios de la violencia terminan refundidos en la montaña de informes, testimonios y cifras recopiladas, de tal forma que al final queda la sensación de que “todos”, de una u otra manera hemos sido culpables de la violencia.
Entre las preguntas de la Comisión, ¿hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? Esconde ingenua o intencionalmente que el alzamiento armado de colombianos se produjo por la confrontación bipartidista que dejó 300 mil muertos, que generó la resistencia campesina y desplazamientos para defender la vida, y que luego de la autoamnistía oligarca y el Frente Nacional, el régimen incrementó la violencia contra las zonas campesinas, con asistencia militar norteamericana, provocando la transformación de la autodefensa agraria en guerrillas.
La resistencia no fue un cálculo, fue una consecuencia. Es conocido que el pedido campesino de diálogo fue respondido con bombardeos. Sin la rigurosidad de la historia es difícil comprender el origen de la confrontación, la responsabilidad institucional y los intereses mezquinos en juego.
Falta ubicar con más énfasis la responsabilidad del gobierno estadounidense, el Plan Lasso de asistencia militar en los años sesenta y su “recomendación” de crear el paramilitarismo estatal; la formación en tortura y asesinatos de oficiales militares en la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá; la Doctrina de “la seguridad nacional” y el “enemigo interno”, que determinó finalmente 10 millones de víctimas en el país.
Es claro que a la hora de establecer responsabilidades históricas -políticas y penales- entre las fuerzas enfrentadas no se pueden admitir tratamientos simétricos. Un Estado que se pretende legítimo, garante del orden constitucional y de la convivencia pacífica, en particular con el poder depositado en la fuerza pública, no puede pretender que, frente a graves violaciones de los derechos humanos y prácticas del terrorismo estatal, sea tratado de manera idéntica a cualquier actor armado de carácter irregular.
Una sociedad no puede permitirse que se rebaje la responsabilidad del Estado al nivel de cualquier organización armada irregular; si acepta esto, o bien es una sociedad débil políticamente o está sometida por el terror.
No olvidemos que hay 17 fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, de la OEA que condenan al Estado colombiano por crímenes de lesa humanidad, en operaciones integradas entre Ejército y paramilitares. Distintas investigaciones calculan que ese híbrido “paramilitarismo de Estado”, reconocido por el propio Salvatore Mancuso, es responsable de entre el 75-80% de los hechos de violencia y victimización en el país.
A la verdad presentada, le faltan pedacitos y precisiones importantes.
