La ley, para los de ruana

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Las noticias judiciales sobre Arturo Char, Álvaro Uribe y Andrés Felipe Arias demuestran cómo el sistema judicial está hecho a la medida de los poderosos

Las más recientes decisiones judiciales solo demuestran el servilismo de buena parte del aparato de Justicia con el poder y el miedo que tienen los de siempre a la elección de la nueva fiscal

Federico García Naranjo
@garcianaranjo

La semana pasada el país se estremeció con tres noticias que demuestran cómo en Colombia el sistema judicial está hecho a la medida de los poderosos. Primero, un juez de Santa Marta puso en libertad al exsenador, cantante y dirigente deportivo Arturo Char, acusado por Aída Merlano de compra de votos. Segundo, un juez de Bogotá concedió la libertad condicional al exministro Andrés Felipe Arias, condenado a diecisiete años de prisión por el caso de Agro Ingreso Seguro. Y tercero, renunció el fiscal a cargo del proceso contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos, justo cuando la Fiscalía debe definir si por fin lo acusa.

Hay dos aspectos llamativos de esta situación: lo cercano en el tiempo de los tres hechos y la proximidad de la fecha de término del actual fiscal general de la Nación. Lo primero llama la atención porque decisiones de este tipo se toman todos los días a favor de presos o acusados de todas las condiciones, pero que en una semana sucedan estos tres acontecimientos es una de esas evidencias de que en este país la separación de poderes es poco menos que una pantomima.

Porque esta sucesión de decisiones en favor de tres insignes personajes de la ultraderecha involucrados en casos de corrupción no es otra cosa sino la demostración de que, gracias a una aplicación desleal del derecho, los poderosos pueden quedar impunes en Colombia.

Yo soy el cantante

El fin de semana anterior, puente de Reyes, el abogado Iván Cancino, conocido por defender a sus clientes con sucias estrategias dilatorias, presentó ante un juez de Santa Marta una solicitud de Habeas Corpus a favor de Arturo Char, es decir, una solicitud de liberación inmediata debido a lo irregular de la detención. El abogado alegó que habían pasado más de ciento veinte días sin que la Corte Suprema acusara formalmente a Char, lo que fue motivo suficiente para que el juez Carlos Coy, encargado del despacho por quince días, firmara la libertad del exsenador.

La dilación del proceso, como se sabe, ha obedecido a las manipulaciones que de los términos procesales ha hecho el equipo de abogados de Char, a lo que se han sumado las maniobras de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, y de funcionarios de la Procuraduría de Margarita Cabello para demorar los trámites o directamente abogar por la libertad de Char.

El hijo menor del cacique político del departamento del Atlántico, Fuad Char, ha sido el único miembro del poderoso clan regional que ha terminado con sus huesos en la cárcel, aunque por poco tiempo, mientras van a paso muy lento en la Fiscalía los procesos por compra de votos y otros delitos contra otros miembros del clan, entre ellos el actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

El expresidente del Senado ha quedado en libertad, pero ello no es sinónimo de una absolución. Al contrario, el proceso penal continúa y Char sigue vinculado a él como acusado, solo que ahora podrá defenderse en libertad, si es que no se le ocurre otra vez irse a Estados Unidos a “relajarse por el estrés provocado por su detención”. Vale decir, detención que tuvo lugar en cómodas instalaciones militares en Bogotá y Santa Marta.

Uribito

El exministro de Agricultura de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, recibió esta semana el beneficio de libertad condicional por haber cumplido, supuestamente, las tres quintas partes de su condena.

Recordemos que Arias fue condenado a diecisiete años por la Corte Suprema en julio de 2014, tras haberse demostrado que desvió recursos del programa Agro Ingreso Seguro –que en teoría estaban destinados a pequeños y medianos propietarios rurales– y los entregó a latifundistas, quienes habían financiado las campañas presidenciales de Uribe en 2002 y 2006 y luego financiaron su propia campaña en 2010.

Arias se fugó entonces a los Estados Unidos donde vivió cómodamente con el sueldo de asesor que la Universidad Sergio Arboleda le pagaba primero a él y luego a su esposa. Desde allí intentó evadir su responsabilidad penal y se dedicó a despotricar contra la Justicia en Colombia, declarándose “perseguido político” y alegando que “nunca se había robado un peso”. Fue detenido en agosto de 2016 y liberado bajo fianza poco tiempo después, para finalmente ser extraditado a Colombia en julio de 2019.

Recordemos que Arias fue recibido con toda la discreción y elegancia posible. Nada de fotografías, uniformes naranja, esposas o despliegue policial. Nada, ni una imagen. Nada que ver con el show de la captura de David Murcia Guzmán, por ejemplo. En vez de ser recluido en un centro de alta seguridad por su condición de forajido, Arias pudo descansar en las cómodas instalaciones de la Escuela de Carabineros de la Policía, mientras otros presos condenados por delitos menos graves son sometidos a infames condiciones en las cárceles. Una evidencia más de que la justicia colombiana, incluso en su aspecto estético, también opera a favor de los poderosos.

Ahora un juez de Bogotá ha hecho cuentas alegres, ha sumado peras con manzanas y ha concedido a Arias la libertad condicional. Su abogado alega que los ciento veinticinco meses que corresponden a las tres quintas partes de su pena deben contarse no desde la captura del prófugo Arias tras su extradición en 2019 sino a partir de agosto de 2016, cuando fue detenido en Estados Unidos. Es decir, su dorado exilio también se lo tenemos que reconocer como meses en prisión. No obstante, como lo ha denunciado el activista Beto Coral, incluso así tampoco dan las cuentas, pues desde entonces Arias solo habría cumplido noventa y seis meses, es decir, todavía le faltarían dos años y cinco meses en “prisión”.

Tongo le dio a Borondongo

La mamadera de gallo de la Fiscalía para acusar a Álvaro Uribe por soborno a testigos es la mejor evidencia del carácter funcional al uribismo de la actual dirección del ente acusador. Tras el triste papel de los fiscales Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, que hicieron todo lo posible por no acusar a Uribe, el tercer fiscal, Andrés Palencia, alegando motivos familiares, renunció a la Fiscalía justo cuando debía presentar el escrito de acusación. Luego, el cuarto fiscal nombrado para el caso, Víctor Salcedo, desistió de su nombramiento tras revelarse que había manifestado su convicción de la inocencia de Uribe en varias columnas de opinión escritas en 2020.

Decíamos antes que lo segundo que llamaba la atención de todo esto es que ocurra menos de un mes antes del final del periodo del actual fiscal general. Como se sabe, la Corte Suprema está por decidir entre las tres candidatas que el presidente Petro ha propuesto para el cargo y ello tiene de los nervios a los corruptos de este país, empezando por Uribe y terminando por el propio fiscal Francisco Barbosa.

Saben que cualquiera de las tres candidatas es garantía de independencia y que perderán el control que hasta ahora han tenido de la Fiscalía y, por ende, su impunidad. Parecería que Barbosa y sus compinches quieren dejar todo “atado y bien atado”, en términos franquistas, para evitar que figuras poderosas puedan por fin ser procesadas por la Justicia y pagar por sus delitos.

Tienen miedo, se les acabó la fiesta. Por ello, es indispensable que la Corte no aplace la decisión y elija rápidamente a una nueva fiscal general. Solo así podremos como país comenzar a transitar por fin hacia el cese de la horrible noche.