Pablo Oviedo A
El 24 de noviembre de 2016, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño firmaron el Acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá. Con gran emoción, el país recibía la tan esperada y anunciada noticia de ese acto conclusivo, luego de largas y complejas conversaciones entre el Estado y las extintas FARC-EP.
Aquel día, ese grupo armado abandonaba la guerra e iniciaba el camino de la legalidad, atrás quedaban más de cincuenta años de lucha insurgente y el rosario de confrontaciones entre el Gobierno y los rebeldes.
A la par que el Acuerdo se firmaba, los más recalcitrantes, belicosos y corruptos representantes de la oligarquía, declararon su desacuerdo con lo pactado. Iván Duque, el exsenador Uribe Vélez, el conservadurismo, el Centro Democrático y otras facciones retardatarias, declararon sin ambages: “haremos trizas”. Y casi que lo logran.
Por encima de tantos enemigos, había optimismo y esperanza en el pueblo colombiano, con la posibilidad de un nuevo país, justo, más igualitario, menos violento. Un pintor, tratando expresar el nuevo horizonte que podría venirse, escribió con hermosos trazos sobre una pared de Macondo la expresión: “Díganle a Mauricio Babilonia que suelte las mariposas amarillas que la guerra terminó”. Pero la ilusión se fue desvaneciendo.
Se inició así una arremetida brutal contra el Acuerdo, desde diferentes ángulos, empezando por los entrampamientos a quienes lo habían firmado por parte de la insurgencia, por los montajes que oscurecieran la imagen y las acciones de quienes defendían la paz, al mejor estilo de las películas de intriga de Hollywood.
Actualmente, el equipo de negociación del Gobierno del cambio realiza una labor titánica para sacar adelante la Paz Total; dialoga con otras organizaciones armadas tratando de llegar a pactos que le pongan punto final a esta guerra fratricida.
La JEP hace lo posible para buscar, en la historia violenta del pasado, necesarias verdades y conseguir el resarcimiento de las víctimas. En una acción sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de treinta años, declaró culpable al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica. La ONU reporta que, desde los Acuerdos de paz en el año 2016 al año 2022, han sido asesinados más de 300 firmantes de estos acuerdos y se han contabilizado 416 masacres y 293.192 desplazados.
Aunque la violencia ha disminuido, el panorama no es alentador. La política de Paz Total, y el esfuerzo mancomunado por llevar a feliz término un acuerdo nacional por la paz, tiene muchos escollos, y los amigos de la guerra siguen sumiendo al país en la violencia y la muerte.
Se necesita que la sociedad civil, las organizaciones y los movimientos sociales por la paz, vuelvan a sobreponerse sobre los guerreritas. Debemos defender y exigir que las partes, Gobierno y grupos armados, en las mesas de diálogo no se levanten hasta que pacte la paz. Solo así, nuestra patria tendrá un mejor futuro para todos y todas.
