Luis Jairo Ramírez H.
@JairoRamirezH
El 10 de mayo de 1957 la ANDI encabezó el paro nacional para tumbar al dictador Gustavo Rojas Pinilla e instalar el Frente Nacional Liberal-Conservador, igualmente dictatorial y excluyente.
Hoy de nuevo los gremios patronales, al lado de las castas uribistas y sus medios de prensa opositores, encabezan el bloque golpista, que no solo se opone a cualquier cambio del régimen de violencia, corrupción y trabajo esclavo, sino que adelanta una cruzada desestabilizadora contra el gobierno del Pacto Histórico.
En los años noventa los conglomerados económicos dominantes instalaron un modelo neoliberal que despojó al Estado, y por tanto a los colombianos, de su modesta capacidad industrial, agraria, comercial, bancaria y de asistencia social, para imponer en cambio, a sangre y fuego, una economía de mercado; la importación gigantesca de bienes de consumo, incluidos los alimentos, que ingresaban por los puertos, modernizados para tal fin; se estableció de nuevo el trabajo esclavo, las jornadas extenuantes, la eliminación de los pagos de horas extras y dominicales, la “flexibilidad laboral” y se arrebató sus derechos a la población. En estas décadas la patronal se enriqueció ilegalmente a manos llenas, a costa de esquilmar los ya mermados derechos de los trabajadores.
Entonces se impuso la narrativa de que el Estado era mal administrador y que en cambio el sector privado, por su “experiencia gerencial”, era eficiente y próspero. Presurosos, los empresarios liquidaron sus centenares de industrias, despidieron por miles a sus trabajadores y se transformaron masivamente en comerciantes importadores que se dedicaron a inundar el país de mercancías.
Cuatro mil líderes sindicales fueron asesinados a lo largo y ancho del país por temor a que se opusieran al modelo; empresarios de la Drummond, Chiquita Brands, Banaldex, Banacol, Postobón, Ecopetrol, ingenios azucareros del Valle y la Federación de Ganaderos, entre otras, son investigados como financiadores del paramilitarismo y determinadores de los asesinatos. El silencio de la ANDI fue evidente.
El resultado fue nefasto para el país: de una población económicamente activa de 24 millones de trabajadores, el 72% fue lanzado a la tercerización laboral y al rebusque en los andenes urbanos, sin seguridad social; mientras más del 12% fue sometido al desempleo, la mayoría mujeres y jóvenes.
Al final, la tal honestidad y eficiencia empresarial se fue al piso. Cada semana revientan escándalos de corrupción del sector privado. El fraude al Fondo Nacional del Ganado manejado por Fedegan, por 90 mil millones de pesos anuales durante 20 años; el robo continuado de privados a Reficar-Ecopetrol; la defraudación multimillonaria de EPS privadas a recursos de la salud; los gigantescos sobornos de Odebrecht en ruta del Sol que involucran por igual a expresidentes y grupo Aval; el desfalco de Agro Ingreso Seguro que fue a parar al bolsillo de privados, y muchos otros.
Ahora, cuando el Gobierno propone unas reformas que tratan de resarcir el enorme daño causado a los trabajadores por la violencia antisindical y el despojo de los derechos laborales, algunos sectores del empresariado instigados por Bruce Mac Master, Jaime Alberto Cabal y la añeja extrema derecha, al estilo del año 1957 organizan “marchas del triunfo”, activan todas sus emisoras y pasquines, direccionan sus alfiles en el sistema judicial, hunden el acelerador de la desestabilización, para impedir que fructifique la justicia social que su voracidad capitalista impidió durante años.
Es hora de la lucha organizada por los cambios largamente esperados.
