Pietro Lora Alarcón
Los pueblos y Estados de América Latina son lanzados a inminentes desafíos para la construcción de su política externa por fuerza de las graves circunstancias del escenario internacional. En efecto, la dinámica internacional adquiere matices peculiares en virtud de la dimensión de la crisis sistémica y la acción expansiva de la OTAN, cuyo propósito consiste en revertir militarmente el surgimiento de la multipolaridad provocada por la presencia de actores globales consistentes y de peso, como China o la propia Rusia.
La mayor concentración del capital va acompañada de la acción de una extrema derecha que actúa en el trasnocho de la historia. Se organiza en Europa y se manifiesta en Latinoamérica, promoviendo una batalla ideológica contra la cultura democrática y los alcances civilizatorios, alardeando vulgarmente posturas fascistoides.
Esa extrema derecha, que en Colombia siempre tuvo expresión, justificando masacres contra el pueblo bajo la desfachatez de que tenían “sentido social” y que en Brasil significó una tragedia social y económica sin precedentes, fue derrotada electoralmente en un lapso de cuatro meses en esos dos países, como resultado de procesos unitarios y de masas, abriendo la posibilidad de construir alternativas y reiniciar un proceso de profundización de la democracia.
En la lógica de la subordinación estratégica económica, política y militar, históricamente impuesta por los Estados Unidos a países como Colombia, las respuestas latinoamericanas a esos desafíos al parecer continúan siendo el suministro de recursos y el papel de plataforma territorial para agresiones y aventuras militares.
Se trata del interés imperialista de ocupar para efectivar avances geopolíticos en el tablero internacional, especialmente controlando los pasajes interoceánicos. Por eso, no son ni un poco infundadas las prevenciones sobre las acciones realizadas por los Estados Unidos en la Isla de Gorgona, bajo la cobertura de la protección ambiental y el combate al narcotráfico.
Siendo así, en este nuevo tiempo, pasar a un enfoque de relaciones internacionales con iniciativa política, sentido propositivo y alguna dosis de necesaria audacia, implica definir criterios sobre la metodología para alcanzar objetivos específicos, en la cual se combina la participación en los escenarios internacionales a partir del postulado de la independencia y capacidad de decisión, con argumentos y subsidios sobre los elementos claves del interés nacional y, especialmente, con la promoción de un sentido de unidad regional.
Para ello se requiere impulsar una comunidad latinoamericana de naciones, capaz de organizar una red de esfuerzos gubernamentales mancomunados para fines de integración en la práctica, buscando acuerdos para acciones concretas en temas como infraestructura y comunicación, defensa de la naturaleza y la Amazonia, paz y seguridad hemisférica, lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
En trazos largos, algunos elementos son importantes. El primero es considerar la dinámica política unitaria que condujo a las victorias electorales de expresión popular. En Colombia, en medio de la diversidad de actores, la paz total sugiere una diplomacia no solo presidencial, sino aliada a acciones desde el legislativo y la propia sociedad; luego, reconocer sin ambages que América Latina tiene recursos para un desarrollo productivo y sustentable en alta escala.
Es posible recuperar la capacidad productiva, abandonando los emprendimientos que en nombre de un supuesto desarrollo solo producen conflictos socioambientales, violencia y desterritorialización.
La búsqueda de convergencias para exigir el respeto por la integridad territorial y un camino económico diferente requiere de iniciativas para fortalecer la Unasur y la Celac, lo que ya sería un buen comienzo.