María Eugenia Londoño
La reciente reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, representa un avance significativo en la redistribución de recursos para las entidades territoriales y en el fortalecimiento de los derechos sociales, especialmente en educación. Sin embargo, para el magisterio colombiano y la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FECODE, esta reforma plantea nuevos desafíos y oportunidades para consolidar sus luchas históricas.
Uno de los logros centrales de la reforma es el incremento progresivo de los recursos del SGP, que alcanzará el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) en un plazo de 12 años, priorizando sectores clave como la educación, la salud y el acceso a agua potable. Además, la ley asegura que los recursos para educación no podrán disminuir en términos reales de un año a otro, lo que protege a este sector de las fluctuaciones presupuestales y garantiza su sostenibilidad.
La reforma busca cerrar brechas sociales y económicas, con un enfoque especial en las zonas rurales y municipios más pobres. Los municipios con menos de 25.000 habitantes tendrán un 17% de los recursos de Propósito General, destinados exclusivamente a la inversión social. Esto responde a una demanda histórica de mayor equidad en la asignación de recursos.
A pesar de los avances, la reforma no resuelve completamente los problemas estructurales del financiamiento educativo. El incremento gradual de los recursos del SGP dependerá de la aprobación de leyes específicas de competencias y de la sostenibilidad fiscal del Estado, lo que podría retrasar su implementación efectiva, esto implica trazar un plan de trabajo permanente que combine diversas tácticas de lucha y permita garantizar la asignación de tales competencias.
Las movilizaciones y diálogos de FECODE con el Gobierno han permitido avances en derechos laborales y en la asignación de mayores recursos. Sin embargo, el gremio enfrenta el reto de mantenerse unido y movilizado para exigir que la transición hacia el nuevo SGP se traduzca en condiciones concretas de mejora educativa, como la universalización de la educación, la actualización de infraestructura y un modelo de financiamiento que responda a las demandas crecientes de cobertura y condiciones dignas.
Esta reforma debe ser vista como una oportunidad para fortalecer los espacios de participación ciudadana y el control social sobre el uso de los recursos del SGP. Esto permitirá, al magisterio y a las comunidades, garantizar que los fondos asignados se inviertan de manera efectiva en las prioridades educativas y sociales.
La reforma al SGP es un paso adelante hacia una redistribución más justa de los recursos públicos, pero su éxito dependerá de la implementación efectiva y de la presión constante de movimientos sociales como FECODE. El magisterio colombiano no solo debe mantener su lucha por una educación pública digna, sino también consolidar alianzas con otros sectores sociales para asegurar que la reforma cumpla con sus promesas y consolide la educación como un derecho fundamental.
