Sumapaz: avanza la reparación colectiva

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Después de cinco años, la Unidad de Víctimas reconoció a Sumapaz como víctima del conflicto armado.Foto Unidad de Víctimas

En un hecho histórico, la Unidad para las Víctimas incluyó a la comunidad campesina de esta localidad rural bogotana en el Registro Único de Víctimas, RUV, donde la reconoce como Sujeto de Reparación Colectiva

Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe

La población sumapaceña sufrió por más de cinco décadas los ataques de la guerra en el país, la presencia continua de Ejército colombiano y la guerrilla de las FARC-EP marcó la historia de la localidad y de sus habitantes.

El domingo 10 de marzo, en la vereda Santa Rosa, la Unidad de Víctimas notificó a la población campesina del territorio su reconocimiento como víctima, esto surge después de un arduo trabajo de la comunidad y las organizaciones sociales para poder exponer de manera clara la violencia que sufrieron en medio del conflicto armado.

Yudy Villalba, quien fue directiva del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz, Sintrapaz, y presidenta del Consejo Local de Mujeres, recuerda cómo fue crecer en la localidad que atravesaba la guerra “desde muy chiquitos fuimos testigos de que muchos compañeros con los que compartíamos pupitre se fueron a las FARC. Veíamos a madres aferradas a los carros de los comandantes para que no se llevaran a sus hijos”, siendo la única localidad rural de Bogotá, teniendo el páramo más grande del mundo y su ubicación suroriental, convirtieron a Sumapaz en un territorio con presencia de actores armados, la comunidad quedó en medio de disputas políticas y armadas.

Zona roja

Yudy Paola Villalba, presidenta Consejo Local de Mujeres de Sumapaz. Foto cortesía

Asimismo, uno de los principales perjuicios que sufrieron fue la estigmatización de la sociedad al territorio “hay que reconocer que la localidad fue estigmatizada, es más, cuando Gustavo Petro fue nuestro alcalde, llevó a que la institucionalidad hiciera escenarios de participación en la localidad, como cabildos de gobernanza del agua. Sin embargo, esto no era suficiente, las discusiones debían ser más de fondo, porque hasta muchos jóvenes que llegamos a la Bogotá urbana para formarnos profesionalmente sentíamos la estigmatización y generaba temor decir que éramos de la localidad”, recuerda Yudy.

Igualmente, el anticomunismo estaba presente dentro y fuera del territorio “Mis papás eran militantes del Partido Comunista y se reunían en las casas de cada integrante, pero era secreto, no debía haber difusión de la información y nos recomendaban que no habláramos con el Ejército ni tener libros que implicaran la organización política”.

Ahora bien, la fuerza de los sumapaceños se mantuvo ante todo tipo de violencia política y social contra la localidad, la persecución a líderes sindicales y políticos se presenciaba en las elecciones locales, un ejemplo de ello fue Moisés Delgado quien era militante comunista, líder comunista y candidato a la Junta Administradora Local, JAL, a quien detuvieron un día antes de las elecciones, y lo llevaron a la cárcel La Modelo imputándole el delito de rebelión, captura que fue ilegal, ya que la detención la ejecutó la Fiscalía Quinta especializada contra narcotráfico.

El proceso

En el 2017, después de la firma del Acuerdo de Paz, hubo un convenio en la Alcaldía “yo hice parte como equipo jurídico. Las personas comenzaron a dar sus declaraciones en la Personería, sin embargo, el casi cien por ciento de las personas que acudieron se les declaró sus relatos como extemporáneos”, explica Jenny sobre el inicio del proceso para el reconocimiento.

En ese momento, se empezó un debate en la localidad, pues debían dejar de pensar desde lo individual y comenzar a hacerlo desde lo colectivo. Por tal razón, surge la idea de trabajar sobre la figura de reparación colectiva, especialmente en la defensa de las organizaciones.

Desde diversas partes de la comunidad trabajaron en pro de la causa, desde el Consejo Local de Mujeres se presentó un informe a la Comisión de la Verdad sobre cómo las mujeres viven de manera distinta el conflicto, hicieron talleres y hablaron con mujeres víctimas “efectivamente los talleres mostraban que vivimos de manera distinta la militarización, la violación de derechos humanos y el tema del derecho internacional humanitario”, afirma la actual presidenta del Consejo Local de Mujeres. Igualmente, la organización agraria aportó hechos importantes para que se reconociera como víctimas en el territorio.

Cabe resaltar la voluntad política de este Gobierno para el reconocimiento, y de escuchar y ver los avances de la población para estar incluida en el Registro Único de Víctimas. “El hecho de reconocer que la comunidad campesina de Sumapaz es un Sujeto de Reparación Colectiva es, por primera vez en la historia de Colombia, entender que hubo elementos contextuales, técnicos y jurídicos que hicieron de este territorio el epicentro del conflicto armado en la capital del país, donde para muchas personas la guerra no se sintió”, afirma la Unidad de Víctimas.

Esto es el resultado de una lucha de las y los campesinos que aportaron para el reconocimiento. La lideresa y declarante Carmenza Adriana López fue la que representó a toda la comunidad campesina ante la Unidad de Víctimas “fue trascendental para hacer la incidencia, presentar recursos y acompañamiento”, asegura Yudy Villalba.

El reconocimiento

Esta es la primera decisión para incluir en el Registro Único de Víctimas que se toma a favor de una comunidad campesina, igualmente, el campesinado ya se reconocía como sujeto de derechos y de protección en el acto legislativo que llevó a cabo el Congreso de la República.

Una de las etapas de la reparación es la indemnización, donde habrá un presupuesto del orden nacional. Sin embargo, la población campesina también espera su verdadera reparación, que las universidades que no se pudieron construir por el conflicto, puedan hacerse, que haya espacios para la organización campesina y pueda haber un espacio de memoria sobre la localidad, “incluso desde el corregimiento de San Juan, pedimos que la sede de la administración esté en el territorio, y sea desde y para el territorio”, finaliza Yudy Villalba.

Ahora le corresponde a la administración distrital y al gobierno nacional de generar una ruta de construcción de diagnóstico para dimensionar el daño. Pero no hay duda, los sumapaceños estarán presentes en la articulación para su reparación integral.

La deuda histórica que tiene Colombia con la población de la localidad 20 de Bogotá es grande, se espera que algún día pueda ser saldado tanto sufrimiento y vulneraciones de sus derechos.

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