¿Quién dio la orden?

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Aída Avella
@AidaAvellaE

En la mitad de los años ochenta, el país eligió una alternativa de cambio al tradicional bipartidismo del Frente Nacional, la Unión Patriótica. La UP se conformó con personas sin partido, revolucionarios, demócratas liberales o conservadores. Obtuvimos en la primera participación electoral 14 parlamentarios.

El poder político entró en pánico y ese fue el motivo, la intolerancia de los privilegiados: “si los dejamos crecer nos sacan del poder. Atajémoslos”. Se negaron a un debate civilizado en el parlamento, decidieron matar a la dirección, las bases militantes e incluso simpatizantes. Cayeron uno a uno nuestros compañeros. Hubo coordinación estrecha entre autoridades y políticos, planes militares diseñados para acabar la oposición política.

En 1995 dos mujeres entablamos la demanda en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y solo 29 años después nos dio la razón. El fallo condenatorio por la violación a derechos humanos le exige al Estado encontrar la verdad de lo sucedido.

Hace dos meses asistí a una diligencia judicial en los tribunales de Justicia y Paz y recibí el testimonio del paramilitar Ever Veloza “HH”. Desde la cárcel me contó detalles que no conocía sobre el genocidio en Urabá y dijo estar dispuesto a entregar la lista de empresarios que pagaron para matarnos. Estaremos esperando conocer esos nombres.

En otra reciente diligencia en los mismos tribunales conocí al excoronel José Albarracín exintegrante del batallón de inteligencia Charry Solano, unidad podrida, acusada de desaparición forzada y de otros crímenes de lesa humanidad. Albarracín fue comandante paramilitar un día después de haber dejado el uniforme del Ejército. Desde la cárcel confesó que siendo militar activo me siguió por años, entregando la información a sus superiores.

Dicha información sirvió para la preparación del atentado que me sacó al exilio por 17 años. Me pidió perdón. No tengo problema en hacerlo, pero le agradezco que diga la verdad para saber quiénes fueron los determinadores, quién ordenó matarme.

Necesitamos la verdad sobre quién dio la orden de asesinarnos. La masacre de Segovia ocurrida el 11 de noviembre de 1988 fue en la única que la justicia reconoció la participación de determinadores políticos, caso del excongresista liberal César Pérez García.

Perseguir la verdad sobre el genocidio ha sido una tarea de las mujeres defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la comunidad internacional que escucharon a las víctimas reclamando justicia. Debo resaltar el papel de Amnistía Internacional que realizó textos impresionantes sobre la violencia política en Colombia.

Pero sobre todo le debemos un reconocimiento especial a las organizaciones que defienden los derechos humanos. En nuestro caso a las abogadas de Reiniciar, entre ellas Jahel Quiroga hoy senadora, quien durante tres décadas buscaron la verdad sobre el genocidio, encontraron por veredas y montañas a víctimas y sobrevivientes para construir el caso. Nuestras abogadas fueron maltratadas por la Defensa Jurídica del Estado, revictimizando a toda la UP después de desconocer a las víctimas en la etapa previa al fallo.

Las nuevas generaciones van a conocer la historia del genocidio ordenado por los gobiernos para acabar con la oposición política. En Colombia nadie puede morir por sus ideas. Las sociedades despiertan y cambian, deciden no seguir subordinados a una élite política, corrupta, asesina y parásita.

Nos motiva seguir por el camino del cambio. Queremos acabar con la desigualdad que se ha vuelto norma, erradicando los privilegios, incluso de aquellos que se creen intocables como las EPS.