Eliana Ávila Mongui
La sociedad colombiana ha sido construida desde la desigualdad y la segregación, especialmente hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Esto ha llevado a la formación de valores, creencias y visiones desde grupos sociales diferentes, que conviven, se encuentran y se enfrentan muchas veces de manera violenta.
Actualmente coexisten varios modelos de sociedad y al hablar de los derechos de las mujeres, los grupos de poder que han manejado discursos de control, no quieren que cambien las relaciones de poder y de derechos entre hombres y mujeres.
Un tema que hace evidente ese choque, es la interrupción voluntaria del embarazo. En estas semanas han vuelto a emerger los discursos desde la religión y posiciones conservadoras, que quieren a través de mensajes y despliegue en los medios de comunicación, convertir un avance en los derechos de las mujeres, en un problema de irrespeto a los valores morales.
Un escenario que evidencia este enfrentamiento, es el discurso religioso con el de un Estado laico debido al fallo de la Corte Constitucional, el pasado 21 de febrero de 2022, donde se despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24. El alto tribunal ha recibido críticas y demandas, acompañado de campañas de desinformación, donde denuncian que, este tipo de acciones, pone en riesgo la democracia.
Otro escenario es el generado por grupos “provida” que construyen discursos de culpa y destrucción de la familia frente a la posibilidad que una mujer pueda realizar una interrupción voluntaria al embarazo; otros grupos de opinión discuten sobre el problema que se presenta por el lapso de tiempo en donde se puede realizar el procedimiento.
Al formular la pregunta del por qué se generan tantas molestias por un avance en los derechos de las mujeres y de la sociedad en general, cabe reflexionar que, dentro de las críticas a la medida, no se contemple un análisis frente a las condiciones de vida de niñas, adolescentes y mujeres pobres, no hay ninguna referencia al horror que también deberían producir los datos sobre embarazo en adolescentes en Colombia y las implicaciones para el desarrollo de sus proyectos vida. Tampoco interpelan, ni ofrecen alternativas frente a las cifras de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres.
Olvidan la realidad de los territorios y del conflicto armado, donde la violencia sexual ha sido usada como un arma de guerra. Además, no se tiene en cuenta la realidad del sistema de salud ya que en las regiones las niñas, adolescentes y las mujeres, no cuentan con acceso real a servicios de salud sexual y reproductiva, ni a métodos anticonceptivos oportunos, ni a consejerías, ni seguimientos.
Otra pregunta que surge es el por qué estos grupos “provida” no desarrollan campañas masivas entre los jóvenes y hombres para que sean responsables de sus relaciones sexuales, usen métodos de protección y conozcan que tienen la posibilidad de realizarse vasectomías.
Estas fracturas en los discursos frente a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de mujeres y hombres evidencian y fomentan la construcción de escenarios de trabajo para elaborar estrategias y materiales, que permitan que el tema sea central y esté presente desde la primera infancia produciendo espacios de formación, diálogo y entrega de información adecuada al ciclo vital de la niñez.
Si queremos construir una sociedad equitativa y democrática, los seres humanos deben poder decidir sobre su vida y sus cuerpos.
