Fernando Enríquez
Desde los inicios del siglo XXI la región sudamericana ha sido altamente agitada por el incremento de la movilización social, cada país del continente, en algún momento de estos años, fue protagonista y logró pasar de la acción social de masas callejera o rural a ser gobierno.
Toda la movilización social en la región ha enfatizado en la necesidad de democratización en América Latina. Este criterio conceptual se consolida en procesos de politización elevados por las fuerzas sociales hacia las instituciones y la creación de discursos sobre el concepto-valor de democracia. Esta distinción es la que permitió que la crítica a las instituciones democráticas pueda revelar la violencia institucional de las derechas.
Ecuador, Venezuela, Bolivia y Chile fueron contundentes en sus procesos de movilización social y en Colombia también como resultado esta somos gobierno. No ha sido fácil para el movimiento social colombiano posicionar sus agendas, pues la persecución, estigmatización, represión que ejerce la derecha, hasta en la oposición, sigue en plena acción. Sin embargo, el movimiento social mantiene sus agendas sobre temas agrarios, laborables, económicos, educativos, de salud y de paz.
Ahora bien, ser gobierno es toma decisiones en materia de las agendas agitadas por los movimientos sociales históricamente. Los contenidos de las reformas que el gobierno presenta al Congreso son el resultado no solo de una movilización con reivindicaciones, sino la síntesis de las consignas en proyectos de ley acordes a la esencia del Estado Social de Derecho.
Las fuerzas sociales para llegar a este punto tuvieron que protagonizar constantes luchas con las instituciones para alcanzar niveles de participación. De entrada, es paradójico tener que hablar de luchas sociales para conseguir participación institucional, cuando se supone que nos encontramos en un régimen democrático. Sin embargo, ese fue el signo con el que venían gobernando, es decir, manteniendo a la sociedad al margen de los temas de Estado, puesto que el proyecto de nación de pasados de gobiernos, solo pretendida favorecer unos intereses de élites, despojando de derechos a las mayorías populares.
Hoy las condiciones son distintas, el agente vivo de la movilización propone y está recogido en las reformas presentadas en la actual legislatura que marcan el proyecto de nación en vías de la democratización como proceso y sistema de vida que da libertades y derechos, aunque también mecanismo para ejercerlos.
El sur de las organizaciones sociales hoy está dando discusiones por mayor integralidad democrática, búsqueda de reconocimiento de su accionar organizativo y respeto por sus agendas, sus horizontes políticos y las garantías democráticas. A quien se le exige esos requerimientos es al Estado en general y a sus instituciones en lo particular.
Contamos con un gobierno que puede hacer que esas exigencias, garantías y las agendas se tengan en cuenta, solo es necesario elevar los niveles de organización y pasar de la acción reivindicativa y resistente a la de vocación de gobierno y poder. No obstante, para ello la democratización del país no es tarea exclusiva del ejecutivo; en ese proceso las organizaciones sociales son altamente preponderantes, ya que son la reserva democrática de un país que por años ha usado el ostracismo en contra de un cambio urgente.
Tenemos mucho que recorrer y debemos caminar con pasos firmes, haciendo constantes llamados a la unidad como el pilar estructural para la consolidación del cambio en favor de las inmensas mayorías que han reclamado vivir libres y sin miedo. Vamos por la construcción del poder popular.