Migradas, exiliadas y refugiadas

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Yuveli Muñoz

Desde una perspectiva de género las causas que encontramos para que la mujer colombiana se plantee abandonar el país son la creciente feminización de la pobreza, la violación de los derechos humanos, restricción de acceso a la educación y la justicia, seguridad humana ante el conflicto armado, desastres naturales y expectativas de oportunidades en países receptores.

Las mujeres exiliadas y refugiadas hacen parte hoy de esa gran lista de desplazados por el conflicto colombiano, pero sin reconocimiento. La persecución política sostenida durante décadas en nuestro país las ha obligado a marcharse, teniendo que partir de cero en el extranjero. Las amenazas contra la integridad física, la libertad y el riesgo para familiares y el entorno activista se ha agravado en numerosas ocasiones por la acción del propio Estado colombiano.

La vulnerabilidad de derechos se extiende tras su exilio, encontrándose, como todas las personas migrantes, en un país extraño. A esto se suma el desamparo en los países a los que llegan, enfrentándose al racismo, la xenofobia y dificultades sociales para insertarse social y laboralmente. Para el caso de las mujeres refugiadas o migrantes se añade el riesgo de ser abusadas, violadas, esclavizadas y/o asesinadas.

La condición de las mujeres, víctimas de una mayor desventaja en todos los niveles, se duplica en situación de desplazamiento. Cargan con discriminación social, se ven obligadas a enfrentarse a trabajos no deseados como el trabajo sexual y otros trabajos precarios enrolados a su condición de género.

A pesar de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Estado y las FARC- EP y el enfoque de paz y seguridad del nuevo Gobierno del cambio, buscando la consolidación de la paz total, la violencia y persecución política no han cesado. Decenas de miles de personas siguen huyendo de nuestro país ante la violencia y la violación de derechos humanos.

Es importante para las mujeres exiliadas que el Gobierno nacional aplique políticas destinadas a ellas. Medidas, ya contempladas en el Acuerdo de Paz y sus subsiguientes normas, que garanticen su derecho a regresar al país. Un retorno seguro, digno y sostenido, sin enfrentarse a la violencia sistemática. En definitiva, reintegrarse con seguridad y dignidad. Políticas necesariamente insertas en el esfuerzo por dotarnos de estabilidad política y oportunidades económicas.

Somos optimistas con las intenciones del nuevo gobierno de cumplir los compromisos para el retorno. El ejecutivo y los representantes del Pacto Histórico en el legislativo tienen la posibilidad de realizar esos cambios que necesitamos para el resarcimiento y la reconciliación, por una paz estable y duradera, aunque el trabajo es tan complejo que quizá no alcance el tiempo de una legislatura.

Esto queda de manifiesto por el compromiso del Gobierno nacional de diseñar políticas, junto a las organizaciones de mujeres, específicamente destinadas a ellas, su acceso a la educación, el empleo y la emancipación, así como respuestas a problemas enraizados como la discriminación y la violencia de género.

Este compromiso no puede olvidar la necesaria participación de las mujeres refugiadas en la planificación de acciones destinadas a la protección, asistencia y construcción de políticas públicas. Participación obligatoriamente respaldada con el aporte de los recursos, destinados a otorgar a estas mujeres refugiadas la protección de su libertad, de su seguridad y de sus derechos fundamentales.

¡Las mujeres migradas, exiliadas y refugiadas queremos una Colombia en paz!