Raúl Pacheco Granados
@PachecoGranados
La ONU señala que hay un acelerado proceso de urbanización en el mundo, desde 2007 más del 50% de la humanidad vive en ciudades. Se prevé que en 2030 sea el 60%. Según el BID, “América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más urbanizada del mundo”.
Colombia está muy por encima de la media planetaria. Estima el DANE que en 2022 el 76,3% de compatriotas viven en ciudades; esto supone beneficios como economías de escala, aumento de productividad, efectos de red, y retos importantes en producción, sostenibilidad, y habitabilidad de las ciudades.
Países altamente urbanizados deben tener políticas robustas en producción de vivienda. Colombia ha tenido diversos enfoques en este campo, pero desde los 90 impera el enfoque neoliberal que excluyó al Estado de la construcción de vivienda nueva, lógica bajo la cual se creó en 2015 el programa Mi Casa Ya – MCY – para Vivienda de Interés Social – VIS –. En este programa tipo ABC (Ahorro, Bono, Crédito), el Estado no construye viviendas, solo regula el mercado y provee un componente del programa, el bono o subsidio, al que accede una familia después ahorrar para la cuota inicial y obtener un crédito del banco. Una familia se beneficia con subsidio a la cuota inicial y/o a la tasa de interés si su ingreso oscila entre 0 y 4 salarios mínimos.
Mi Casa Ya inició en 2015 con un ritmo lento en asignación, pero el Conpes 3977 de 2019 lo fortaleció y trazó la meta de entregar aproximadamente 30 mil subsidios por año hasta 2025. El cronograma se cumplió entre 2018 y 2020. Debido a la crisis por pandemia y para reactivar la economía, el gobierno anterior aprobó una asignación extraordinaria de 37 mil subsidios en 2021, para un total de 67. Para 2022 solo apropió recursos para 44 mil subsidios.
El Gobierno Petro encontró una parálisis de MCY por el faltante de recursos para 23 mil subsidios. La crisis financiera del programa se complica pues la semana anterior Camacol alertó que febrero de 2023 finalizó con 40 mil familias a la espera del subsidio de MCY, además de 23 mil pendientes de 2022 y 17 mil de 2023.
Los constructores piden para este año 3,3 billones en adiciones, para mantener el ritmo de iniciaciones de obra y entregas de vivienda, pedido que reforzó Asobancaria dueña de la cartera hipotecaria y el exvicepresidente German Vargas Lleras que acusa al gobierno de querer dañar el sector.
El Gobierno del cambio puede dar un viraje en producción de vivienda nueva. Anunció ajustes para mejorar el acceso y disminuir la concentración en grandes ciudades de Mi Casa Ya, ajustes insuficientes a nuestro juicio sin una intervención más decidida del Estado en la construcción de vivienda. El presidente Petro ofreció en campaña una reforma urbana que, por el lento arranque, parecieran limitar desde Minvivienda.
Las metas en el Plan Nacional de Desarrollo – PND – son bastante conservadoras: mejoramiento barrial, solo beneficiará a 84 mil hogares a 2026 y en mejoramiento de vivienda solo 400 mil a 2026, 200 mil menos que Duque.
Otras promesas como la participación de organizaciones populares como ejecutores en el mejoramiento de vivienda y un programa de alquiler público de viviendas no se mencionan en el PND. Ganamos para cambiar la vivienda, ahora tenemos que cumplir.
