María Eugenia Londoño (*)
Garantizar la educación como un derecho fundamental no es un asunto de poca monta. Históricamente, la educación en Colombia ha sido un privilegio. La estructura de la educación pública ha sido resultado del pueblo en lucha para garantizar una formación digna a toda la población. Lo logrado ayer en la Cámara de Representantes anima a seguir en la lucha por los cambios y las reformas.
Garantizar su privatización y lograr estructurarla en el marco de un sistema productivo, que permita garantizar la acumulación de capital, era el propósito del poder económico en nuestro país. Es por ello que la resistencia permanente hacia los ataques sistemáticos de la ultraderecha radical contra la gloriosa FECODE, así como de sus sindicatos filiales, ha logrado contrarrestar esta política de privatización y pauperización laboral del magisterio.
Con mayor fuerza fue necesario respaldar el avance de la Ley Estatutaria de Educación, que garantizará la universalización como mecanismo para que cualquier ciudadano/a acceda al sistema en cualquier grado que curse y a cualquier edad; en la que se garantice la obligatoriedad de la educación media y la articulación con la educación superior a cargo del Estado
Garantizamos el reconocimiento de la educación propia y los saberes de los pueblos indígenas; el cierre de las brechas de acceso a la educación, fundamentalmente en los territorios campesinos, rurales, aislados y vulnerables; el reconocimiento de la educación a personas gestantes, lactantes, cuidadoras, cabezas de hogar, con discapacidad, con talentos excepcionales, con trastornos de aprendizaje, víctimas del conflicto y privados de la libertad, así como la atención a menores entre 0 y 6 años garantizando la educación de la primera infancia y preescolar de tercer grados.
Fue un momento álgido del debate. El sector de ultraderecha se midió en ataques contra el magisterio por medio de todos sus tanques de pensamiento y matrices mediáticas. No pudieron. El magisterio colombiano junto con los universitarios, con la comunidad educativa, ha garantizado el derecho a la educación gratuita, de calidad, en democracia e inclusión.
Ganamos el debate, con el pueblo, las y los docentes movilizados, con la bancada del Pacto Histórico, con los aliados de la coalición amplia que apoyaron la propuesta de reforma educativa aprobada anoche en la Cámara de Representantes. Es un gran logro, es la promesa programática cumplida. Con mayoría absoluta, se aprueba en la Cámara.
La ley estatutaria que regula la educación como derecho fundamental es un hecho. “El gobierno del cambio le cumple a Colombia. ¡Estamos haciendo de la educación un gran acuerdo nacional!”, comentó el representante Gabriel Becerra, ponente de esta Ley.
Con este triunfo, las vías de la movilización y la acción colectiva del pueblo siguen vigentes. Vamos por más para los y las nadie, por más para la vida digna del pueblo, por más hacia las reformas pensional, laboral y agraria.
* Fiscal – FECODE
