Felipe Santos
Una procuradora que dejó ya afectar los resultados electorales al no expresar a tiempo su concepto sobre el mico del gobierno introducido en la Ley de Presupuesto que rompía con la Ley de Garantías electorales abriendo la puerta a los contratos millonarios al estilo de lo ocurrido con «Agro Ingreso Seguro».
Una procuradora que no llama al Presidente de la República y al Comandante del Ejército ante su abierta participación política a acatar los más elementales principios democráticos.
Una procuradora que tampoco se pronuncia sobre la inconveniencia de la extradición exprés de Otoniel, jefe del Clan del Golfo, que lesiona gravemente el derecho a la verdad de las víctimas y se constituye además en un factor de desestabilización en medio de los comicios electorales.
Por el contrario, el afán electoral de la cabeza de la Procuraduría General de la Nación se dirige con la fachada de un proceso disciplinario a desconocer la voluntad popular, suspendiendo de su cargo al Alcalde de Medellín por supuesta participación en política. Los apuros electorales de la cabeza del Ministerio Público no solo pasan por encima del hecho que se trata de un funcionario elegido, sino que igualmente la argumentación de un proceso disciplinario está totalmente viciada. La suspensión del burgomaestre se anuncia en entrevista pública sin haberlo comunicado del fallo, sin permitirle descargos y mucho menos un debido proceso. Es un hecho inconstitucional y arbitrario.
Y lo que es peor, tampoco se pronuncia la procuradora Margarita Cabello sobre el hecho de que el Presidente designe en la administración de Medellín a un representante del Establecimiento antioqueño que es abiertamente contrario al proyecto de cambio con que se eligió al alcalde Daniel Quintero.
El actuar de la procuradora es muestra del nivel de descomposición que hoy nos acompaña y que llama a exigir la restitución inmediata del alcalde Quintero y nos convoca también a un voto decidido por un nuevo rumbo.
¡No puede continuar esta infinita corrupción!