Aída Avella
@AidaAvellaE
Volvimos a recorrer parte de La Guajira, desde Palomino, entrando por el Magdalena, hasta las rancherías y zonas rurales de Riohacha y Maicao. Salta a la vista el imponente mar y las enormes áreas desérticas con algo de vegetación verde, inexistente en la sequía del 2015. Este hermoso paisaje contrasta con la pobreza, el hambre, la desnutrición producto del abandono estatal y de la corrupción.
En La Guajira sí hay agua. La represa del Río Ranchería tiene 198 millones de metros cúbicos de agua y debería estar en funcionamiento la segunda fase del proyecto, que consiste en adecuar obras de riego y drenaje en una extensión de 18.820 hectáreas, de las cuales 18.030 son explotables físicamente con riego, y suministraría agua a los acueductos de Albania, Barrancas, Distracción, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar y Uribia, todos municipios de La Guajira. Es criminal que en un departamento con tierra fértil y agua suficiente los niños y niñas mueran de desnutrición.
Son unos sinvergüenzas esos que se han robado los recursos y han causado un detrimento patrimonial de al menos 637 millones para el 2018 según la Contraloría.
Si el agua llegara a las rancherías, nuestros niños y niñas wayúu no morirían de hambre. Nuestros médicos wayúu no tendrían que crear centros de recuperación pagados con sus recursos, para sacar de la desnutrición a madres e hijos. Podrían tener maíz, plátanos, guineos y una variedad de frutas, como las que crecen en “La Salvación», zona rural de Maicao, donde comunidades campesinas y afro han creado un oasis en medio del desierto.
Sin embargo, estas familias desplazadas batallan para que se les entregue la tierra que han trabajado por más de 10 años: “¡Queremos la tierra para ponerla a producir!”.
También siguen luchando para que el ICBF amplíe la cobertura y atienda a 515 niños que ya están “en lista”, al igual que cientos de familias wayúu a cuyas rancherías no ha llegado la primera ayuda.
Y aun con suministro de agua, no acabarían los problemas de La Guajira, pues toda la población sufre vulneraciones. Por ejemplo, a los pensionados del Cerrejón, Colpensiones les ha revocado su pensión de invalidez por “sospechas de fraude” ¡Es el colmo! A adultos mayores, que trabajaron más de 20 años en una profesión reconocida como de máximo riesgo, que desarrollaron cáncer por aspirar carbón diariamente, a sus familias, se les revocan las pensiones por meras sospechas; despiden a los docentes provisionales que han dedicado su vida a enseñar en condiciones infrahumanas, debajo de árboles sin tableros ni mesas; desalojan a comunidades aledañas a Riohacha porque un poderoso corrupto así lo considera.
Pero La Guajira no está sola, y actuaremos contra estos atropellos. Además, hoy el departamento tiene a tres luchadores sociales, nacidos guajiros, provenientes del sector juvenil, obrero y cívico que desde la Cámara de Representantes seguirán trabajando por La Guajira, como siempre lo han hecho, “hasta que la dignidad se vuelva costumbre”.
Adenda 1: ¿Ustedes saben que en el Tolima compran la abstención? En varios pueblos hablan de señor del maletín negro. Por las noches compran votos. Les recordamos que esto es un delito: Artículo 390 del Código Penal.
Adenda 2: Abrir la frontera es una necesidad urgente para Cúcuta. El presidente Duque de manera caprichosa insiste en mantener cerrado el paso perjudicando a la niñez, habitantes y comercio binacional.
