Pietro Lora Alarcón
Una reivindicación importante de la migración colombiana es que el diseño de la política migratoria se construya democráticamente, con la presencia, la voz y la escucha directa de sus necesidades.
El esfuerzo colectivo del Gobierno del Cambio, de la bancada parlamentaria y, especialmente, de muchos sectores de la colombianidad migrante que desde hace años han exigido la atención a sus derechos, originó una nueva dinámica en el tratamiento del tema.
En ese sentido, el proceso de elección de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, iniciado el 5 hasta el 18 de diciembre, constituye una herramienta clave. La Mesa fue instituida por la Ley 2136/21, que orienta la Política Integral Migratoria, PIM, como un espacio de participación abierto a la migración. 17.031 personas residentes en el exterior se inscribieron para tener derecho a voz y voto en la elección de delegados y delegadas para la Mesa.
La Cancillería convocará a los miembros de la Mesa, presencial o virtualmente, por lo menos dos veces al año para debatir los temas relacionados a la política migratoria.
Aunque migrar significa encontrarse físicamente fuera del territorio nacional, ya sea voluntariamente o por razones laborales, o forzadamente, por causas ambientales, o en calidad de refugiado, sea o no reconocido como tal, la colombianidad incorpora en el exterior un conjunto de derechos. Entre ellos, hay que distinguir los que se derivan del reconocimiento de ser connacionales, de aquellos que se incorporan de acuerdo con las leyes del país de residencia, así como los consignados en documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 o la Convención de la ONU para la Protección de los Refugiados de 1951.
A pesar de tales medidas de amparo, sabemos que la inmensa mayoría de migrantes padece de graves problemas. Las denuncias sobre trata de personas, discriminaciones, violencias de género y restricciones al mercado laboral y a derechos como la educación y la salud, son constantes.
En el caso colombiano, el derecho a la debida atención consular, aunque ha mejorado substancialmente en el actual gobierno, no siempre es eficiente. Ampliar el número de consulados para atender las demandas de la colombianidad y mejorar la capacidad técnica y funcional continúan siendo medidas necesarias. En particular, es imprescindible fortalecer la atención a las víctimas del conflicto.
Siempre es bueno resaltar que una persona migrante no es ilegal. La razón es simple: migrar no es un delito, aunque la presencia de la persona en el país exija documentos de los cuales eventualmente ella no disponga.
La nación colombiana migrante es una realidad social y económica, que en su mayoría acompaña el desarrollo de la vida política y cultural del país. El acumulado de la lucha popular colombiana también se sintió en el exterior y la Mesa debe recoger ese enorme caudal de inquietudes y propuestas para continuar avanzando en el cambio.
