María Eugenia Londoño (*)
El jueves de ésta semana se cumple un año del gran estallido social, el cual expresó el acumulado de lucha gestado en los territorios, incluso desde antes del 21N de 2019; estallido en el que las comunidades, sin nada que perder más que la vida misma, salieron con vehemencia e indignación a demandar la eliminación de las condiciones estructurales de desigualdad, que cada vez precarizan, con mayor ahínco, las condiciones de vida de la población.
Condiciones que, ad portas de finalizar el desgobierno de Iván Duque, nunca fueron priorizadas o atendidas y cuya respuesta fue la más cruenta matanza, represión, estigmatización, criminalización y judicialización, a manos de un Estado de ultraderecha guerrerista.
Como si no fuera suficiente para las comunidades padecer el dolor de la muerte, el hambre, la pobreza y la violencia estructural ejercida por el Estado, antes, durante y después de la gran rebelión, las familias se ven obligadas a llevar a sus hijas/os a las escuelas sin que en ellas se garantice condiciones dignas, en el marco de su derecho a la educación; de tal forma, cientos de instituciones se encuentran deterioradas en su infraestructura, lo que representa un riesgo para la comunidad.
Es el caso de una estudiante que se vio gravemente herida en su rostro por un ventilador que cayó sobre ella; sin dotación para funcionar, es decir sin sillas, mesas, tableros, material pedagógico o libros, por lo que cientos de estudiantes deben llevar sus sillas a las escuelas o sentarse en el piso para recibir sus clases; no hay transporte escolar, lo que se agrava en lugares de conflicto, pues los y las estudiantes deben transitar por peligrosos corredores, exponiéndose a ser víctimas del fuego cruzado.
Hoy, no hay un Programa de Alimentación Escolar digno, ya que la corrupción campea. Cerca de 25 entes territoriales se encuentran sin operarlo, 11 entes territoriales no lo implementan y más de un millón de estudiantes aún no cuentan con la garantía de éste derecho.
Situación que se agrava dado que, en los entes territoriales en los que se implementa, se han presentado graves denuncias frente a los componentes del PAE, pues no se cumple con los estándares nutricionales requeridos, no se cumple las raciones establecidas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes según la minuta, y peor aún, hay graves deficiencias en su contenido, por cuanto no cumple con los estándares de salubridad requeridos, lo que ha motivado graves denuncias frente a la transmisión de enfermedades por el consumo de alimentos dentro del programa.
Por ello, urge la más amplia unidad de padres, madres de familia, estudiantes y comunidad educativa en general, con miras a fortalecer los escenarios de denuncia y exigencia, para el cumplimiento de condiciones dignas en la garantía de la educación pública estatal como un derecho, así como la materialización inmediata de la reforma constitucional que garantice el aumento real y progresivo de los recursos para la educación.
Es un momento histórico del país, no sólo por la memoria y construcción de procesos de resistencia en los territorios a propósito del gran estallido, sino porque el momento electoral demanda la más fuerte conciencia de clase para votar el próximo 29 de mayo, por un gobierno que atienda estas demandas, proyecto encarnado por Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez como vicepresidenta.
(*) Comité ejecutivo de Fecode
