Pietro Lora Alarcón
En medio de la alegre expectativa por lo que puede representar para un cambio democrático en Colombia la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez, también se pone de presente que la clase dominante utiliza todos los recursos del establecimiento, desde la desinformación, la estigmatización y la mentira para intentar colocar a la defensiva política a los candidatos del Pacto, hasta la mayor militarización y el uso de la fuerza contra la sociedad, especialmente contra las comunidades y movimientos organizados en defensa de la vida y sus derechos.
Históricamente las declaraciones y actitudes de los altos mandos castrenses han sido de rebeldía ante los escasos controles institucionales que pretendieron colocar límites a su actuación. La injerencia militar en la política y en general en los rumbos del país es un proceso de larga trayectoria, que contó siempre con el apoyo de sectores ultraderechistas de los partidos liberal y conservador y de sus variantes contemporáneas, así como de grupos económicos y empresariales que firmaron su poder sobre la base de la represión del ejército.
La doctrina de la seguridad nacional inspiró los manuales de contrainsurgencia, convirtiendo a cualquier organización, persona o grupo político que expresara su descontento con el abandono del Estado en un enemigo a ser eliminado. Por eso, en Colombia se abandonó hace mucho tiempo la idea tradicional de Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía, introduciéndose la mentalidad de que ellos son los llamados a “moderar a su manera” los conflictos entre la clase trabajadora y las oligarquías nacionales, obteniendo facultades por delegación, que en principio le pertenecen al poder civil, acostumbrándose a intervenir con extrema violencia en cualquier huelga o manifestación popular. Al final, se convirtieron en la sombra peligrosa y al acecho permanente, bajo la idea de que pueden asumir el gobierno cuando el poder civil no sea capaz de llenar el “vació de poder institucional” ocasionado por la presión ciudadana por sus derechos.
Por eso no resultan extrañas las declaraciones de miembros de las Fuerzas Armadas contra Petro. En Colombia hay los que hicieron de la violencia generalizada su forma vida. Incapaces de concebir una realidad diferente o convocan abiertamente al enfrentamiento interminable, o actúan veladamente para atacar los síntomas de esperanza de un régimen político de inclusión social, participativo y deliberativo, desde abajo y para la vida digna. El proyecto de “vida sabrosa” del pueblo y para el pueblo resulta incómodo para una clase acostumbrada a privilegios defendidos a bala.
La opinión de los demócratas, empeñados en conquistar en las urnas el próximo 29 de mayo ese ambiente propicio para transformar el país, es la más enérgica condena a toda y cualquier manifestación en favor de la guerra y, por el contrario, exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz del 2016, que es la columna vertebral que debe orientar un programa de gobierno que con madurez y realismo sea implementado, alejando, ojalá para siempre, los factores que originaron el conflicto social y armado. El Pacto Histórico es convergencia, alternativa y posibilidad real de avanzar en esa dirección.
Hace bien el congresista que, por mandato constitucional, en los marcos del Estado de derecho opina sobre cuestiones neurálgicas y problemas de interés público. Y hace mal aquel que, armado, pero sin ser deliberante, por mandato constitucional, y sin poder intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos, demuestra adonde se dirigen sus afectos. Las fuerzas armadas deberían pensar es el triste papel que desempeñan cuando el territorio a defender es teatro de operaciones abiertas o clandestinas para el control geopolítico de una potencia extranjera. Desmilitarizar el Estado y la sociedad y unas fuerzas armadas de cara al pueblo son un proyecto para fortalecer la democracia.
